Una trinidad no tan santa: la autonomía, los tributos y nuestro bolsillo

Lo de Santa Cruz y la autonomía para los departamentos del país es ya historia.  Sólo queda ponerla en el papel constitucional y diseñar los objetivos inmediatos para elegir las autoridades departamentales, simple y llanamente.  La tarea no es tan fácil pero será más difícil tratar de diseñar las otras características ocultas de la autonomía, como son la financiera y la normativa.

El hecho de que los orureños o los tarijeños con absoluta responsabilidad puedan elegir a su máxima autoridad departamental exalta el valor propio de la democracia y la singularidad plena de la autonomía.  Pero hacer que los potosinos o los benianos dicten sus propias leyes o regulen la normativa local de la conducta y los actos de los parroquianos y los extraños en su territorio autónomo, es una de las amenazas que pueden socavar la frágil unidad nacional si se impone algún criterio marginal al respecto.  Esa es la autonomía normativa y de ella sólo se ha hablado en voz baja, involucrando a la menor cantidad de gentes que pretenden el máximo poder autonómico en detrimento del poder estatal.

Con el mismo grado de fanatismo utilizado para lanzar el grito autonómico se están callando los efectos financieros que necesariamente se soportan en cualquier autonomía, porque nada se ha dicho aún sobre los ingresos fiscales de las autonomías departamentales. A gastar se dijo, pero ……. ¿qué recursos?

Las prefecturas de Chuquisaca o de Cochabamba a la cabeza de líderes elegidos democráticamente, seguirán arrodillados y sumisos ante el egoísmo del Tesoro General de Nación (TGN) por un lapso bastante largo, porque seguirán dependiendo de las transferencias y las participaciones que les envía el Gobierno Central.  La lucha autonómica sólo comenzará con la elección regional de prefectos, porque llegará el día en que se proclame la creación de nuevos impuestos departamentales, debilitando ostensiblemente el bolsillo del contribuyente, que no sabrá si es preferible contribuir como boliviano, como pandino o paceño, o al final como vecino de algún municipio.

En Santa Cruz la cosa está clara, y lo que se calla es que el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEHD) será el detonante o el principal argumento para “departamentalizar” los ingresos tributarios de las autonomías. Así se logrará desposesionar al Gobierno Central de La Paz de ese ingreso fiscal que los departamentos productores están queriendo gastar en el 100%.

Los impuestos que el Estado Central tratará de conservar en las arcas del TGN serán el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), el de Transacciones (IT), el que está vigente sobre las Utilidades de las Empresas, así como el ICE que se aplica sobre los consumos específicos de alcoholes, cigarros y bebidas gaseosas principalmente; que en la actualidad representan casi el 80% de las recaudaciones nacionales.  Así el Gobierno Central cuando le toque negociar con las prefecturas propondrá la cobranza regionalizada de “impuestos secos”, es decir el restante 20% o las migajas, como son el ISAE (salidas aéreas al exterior), el TGB (transmisiones gratuitas, donaciones y sucesiones), el RC IVA (salarios y honorarios, entre otros ingresos) el ICM (complementario a la minería), incluido el transpaso de los eternos problemas fiscales vinculados a los comerciantes minoristas, los agricultores y los transportistas, etc.  No olvidemos que los impuestos sobre las propiedad de bienes inmuebles y automotores (IPB) ya están bajo el dominio municipal, incluidos el impuesto municipal sobre las transacciones (IMT) y el de consumos específicos sobre la chicha de maíz.

¿Qué le queda a la prefectura autónoma? Poco o nada para recaudar, por eso el “prefecto autonómico” seguirá dependiendo de las transferencias del TGN o arremeterá normativamente para crear nuevos impuestos de dominio departamental.  Con esto el contribuyente no deberá extrañarse cuando toquen a su puerta, el mismo día y a la misma hora, los tres fiscalizadores; uno del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), otro del Servicio de Impuestos Departamentales (SID) y el último del Servicio de Impuestos Municipales (SIM).  Estos dos últimos servicios públicos se crearán, sin duda, al calor del afán ilimitado de recaudación que tiene el Fisco sobre unos recursos de los particulares cada vez más exiguos.  Todo esto es preocupante. Hay que comenzar a hablar del tema, antes de la Constituyente, por supuesto; si es que el federalismo no se sobrepone a las autonomías departamentales; tendremos que hablar de una Constituyente para cada departamento.  Dividir para reinar, es la máxima regla.

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