Tu propiedad urbana, la mía, la nuestra y la de ellos

Todos los ciudadanos y ciudadanas honestos de este país hemos tratado de calmar los nervios, que los tenemos tan aturdidos, desde que con gritos nos han anunciado la maratónica aprobación de los 100 proyectos de ley que el MAS implementará, con sus dos tercios, hasta fines del próximo año. Por ejemplo: a más de un millón de trabajadores y trabajadoras les han quitado el sueño al indicarles que existe un proyecto de ley que colectivizará sus cuentas individuales de capitalización para las jubilaciones de todos. Es que nos estamos dejando llevar por el terrorismo de la sospecha, la especulación o la suposición. Pero otro hecho ha cambiado el humor de muchos millones de personas, cuando el diputado masista Gustavo Torrico divulgó la aprobación de la nueva Ley de Regularización de Bienes y de Derecho Urbano, sin mostrar el proyecto. Este legislador ha tratado de calmar los ánimos indicando que la nueva ley fue concebida para “ayudar antes que perjudicar”. Con esto nadie sabe si alguien saldrá beneficiado o perjudicado con el cambio legal sobre la propiedad de inmuebles.

Lo peor del caso, es que con el anuncio de la aprobación relámpago de esa ley, se ha acelerado en la mente de los holgazanes clandestinos el cambio de esa matriz delincuencial que durante los últimos 27 años ha consolidado el loteo y la toma de tierras rurales para fines urbanísticos. Es un secreto a voces que los loteadores y tomadores de tierras tienen una tendencia política muy definida; y son precisamente ellos los que han convertido en un negocio ese derecho a vivir en ciudades y habitarlas. Además, han envilecido esa necesidad humana, convirtiéndola en la actividad lucrativa que ha alimentado el afán egoísta de unos pocos sinvergüenzas.

Es que esta desconfianza también ha embarrado y manchado a todos los propietarios de terrenos urbanos, que han demostrado durante toda su vida un respeto por la propiedad ajena y una dignidad propia del mejor vecino. De una manera absolutamente injusta, todos los propietarios de inmuebles urbanos, absolutamente todos, han entrado en el saco de la sospecha, y se han convertido en comercializadores especulativos de terrenos y de viviendas urbanas, como si habitualmente hubieran participado del mercado inmobiliario y mercantilizado esa necesidad vital de las personas. La ciudadanía honrada de este país quiere conocer y cerciorarse sobre los planes gubernamentales respecto de la propiedad inmueble urbana, y de una vez por todas los legisladores deberían mostrar a la sociedad civil este proyecto de ley, porque sería un crimen que la mayoría de ciudadanos desconozca la ley y unos pocos se encarguen de tender las trampas a los honestos propietarios. “Hecha la ley hecha la trampa”, reza el aforismo. El gobierno y los asambleístas, en este asunto, deberían encarnar los principios de transparencia y honestidad para aprobar las prometidas 100 leyes (art. 232, CPE).

En el art. 242, inc. 2, de la nueva Constitución Política del Estado se ha introducido el concepto de “construcción colectiva de leyes” y este proyecto de la Ley de Regularización de Bienes y de Derecho Urbano debería ser el primero en ingresar al proceso de consenso colectivo. Lo que hay que impedir es que sólo y exclusivamente los expertos del unipartidismo boliviano sean los encargados de proyectar esa ley, porque para eso se ha constitucionalizado el control social. Ahora el gobierno debe mostrar el proyecto de ley; y para construirla, le toca a la sociedad civil organizarse.

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