Hace 31 años, cuando cursaba la materia de Derecho Tributario, nuestro docente hacía grandes esfuerzos para enseñar las características más importantes del nuevo sistema tributario que el gobierno de Victor Paz Estensoro impuso para salvar al país del desastre total. Corría el año 1986 y se había aprobado la Ley Nº 843. Los que aún recuerdan como era el anterior sistema, conservan en su memoria una sobrecarga faraónica de papeles y funcionarios para liquidar y pagar un simple impuesto; ante este infortunio no les quedaba a los ciudadanos comunes otra opción que alegrarse por la simplificación de los trámites que impuso la nueva ley. Realmente fue un gran alivio, especialmente por la eliminación radical de los famosos timbres, esos papelitos de colores que se humedecían con la lengua y se pegaban en los documentos legales emitidos por el Estado. Eran el summun de los trámites.

Lo peor de todo, es que en el estado azul y premoderno de cosas en que pululamos los ciudadanos, nos encontramos con que para acercarse al Estado se tiene que hacer algún trámite, esa desdichada cadena de pasos y diligencias que hay que recorrer en cualquier asunto público, con fecha cierta de inicio pero con una conclusión indefinida en el tiempo y el espacio. Es en este recorrido “tramitológico” que los individuos sensatos se arrepienten de la desdicha humana que implica dar siquiera el primer paso, con la susceptibilidad de toparse con el funcionario corrupto, el formulario de mil casillas, el horario administrativo, el tramitador, la cola, la lluvia, el frio, la espera. Estas son las razones porque la mayoría de los humanos de este país no quieren hacer trámites, sólo por evitar la mortificación que implica pensar en ello, resultando más saludable dejar, delegar o simplemente abandonar el trámite. Aquí además radica el justificativo porque esta nuestra patria está a “medio hacer”. No hay ciudadano que no tenga algún trámite pendiente con cualquier organismo del Estado, del nivel que sea.

El colmo del infortunio se materializó el jueves pasado cuando las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural propusieron que el plazo de recepción de postulaciones para los candidatos a magistrados, se amplíe 15 días calendario, hasta el 9 de junio, porque casi 400 postulantes solicitaron documentos de respaldo y aún no les fueron entregados en las oficinas públicas que exigen el trámite. Independientemente del justificativo medular que es la ausencia de postulantes de calidad, el sólo hecho que la máxima instancia legislativa haya ampliado el plazo nos señala el ruinoso estado en que se encuentra la constelación estatal de instituciones que exigen trámites.

La simplificación de trámites en Bolivia es humana y socialmente imposible, porque a nadie le ha de costar sólo imaginar las consecuencias dramáticas que implicaría eliminar un escritorio, un ítem de funcionario, un formulario, una cola, un recibo del arancel, una ventanilla, un tramitador, un requisito o un documento. Los trámites son parte de nuestra información genética y estamos predestinados a convivir con la corrupción pública fosilizada en todas las entidades públicas, léase todas. Mis lectores deben coincidir conmigo: Dónde sea que veo un trámite, veo corrupción. Malditos sean los trámites, porque desde hace una década se han multiplicado proporcionalmente a la cantidad de nuevos funcionarios que ingresan a las administraciones públicas.