Creo necesario recordar a mis lectores algunas premisas de modernidad que la ciudadanía cochabambina se había planteado hace varias décadas atrás, para revertir las arbitrarias decisiones asumidas por los alcaldes Rivas Ugalde, Reyes Villa, Castellanos Mendoza y otros de menor estatura, que administraron nuestra ciudad como si se tratara de un villorrio cualquiera. Modernizar los mercados populares de la Pampa, Fidel Araníbar, San Antonio y Alejo Calatayud; recuperar la vialidad y el tránsito eficiente en las calles Punata, Tarata, Totora, Quillacollo, Cliza, Agustín López, Esteban Arce y Francisco Velarde; y permitir el disfrute vecinal del área verde de la plaza Francisco de Rivero. Estas eran las premisas y las autoridades municipales de hoy y siempre hicieron lo contrario: fosilizaron esos mercados, tan mugrientos y coloniales; autorizaron el bloqueo y la ocupación de las calles por comerciantes; y confinaron aquella plaza entre rejas.
Expongo aquí otras premisas constitucionales, ignoradas deliberadamente por las autoridades municipales, y estas dicen que “los bienes de patrimonio del Estado constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no pueden ser empleados en provecho particular alguno”; y que los delitos cometidos por servidores públicos que “atenten y ocasionen daños contra el patrimonio del Estado, ya sea por negligencia o corrupción”, … “son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.
Al grano. Ocurre que el pasado día 1 de junio, el Alcalde Municipal, Leyes Justiniano, presentó, en medio de una espectacular conferencia, el moderno plano de la ciudad de Cochabamba, que define en los papeles aquellas calles mencionadas como si estuvieran abiertas a la vialidad y las áreas verdes de esa plaza con acceso libre para la comunidad. A cualquier parroquiano sensato le habría impresionado la modernidad sincera que se empleó para proyectar una urbe moderna; pero no pasaron algunos días para que el mismo personaje, Leyes Justiniano, en otro acto bochornoso prometió la venta de los mercados y esas calles a los comerciantes apostados, además exclamando que “esa transferencia va a ser onerosa… el comerciante va a tener que pagar el precio de su puesto o de su local… ya lo hemos programado y vamos a ejecutarlo entre 2018 y 2019”. Semejante exabrupto fue aclamado por los dirigentes de los comerciantes, con gritos de “¡Derecho propietario!, ¡derecho propietario!”. Está claro: El Alcalde así se ganó, con halagos y promesas electorales, el favor popular de una porción insignificante de seres, sólo para mantenerse en el poder. Deplorable.
Entonces el Alcalde, en alianza con los comerciantes minoristas, se propuso transferir los bienes de dominio público (calles y mercados) para el provecho particular de ellos. ¿Acaso no es obligación del Alcalde respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública?. ¿Qué explique el Alcalde cómo nació esa horrorosa idea de vender las calles y los mercados? Estoy seguro que nunca se explicará esa promesa demagógica. Con esta afrenta a la ciudadanía en su conjunto, corresponde que la gente de a pié exija al servidor público aludido que de una vez por todas imprima transparencia y honestidad en la administración de los mercados e imponga la autoridad en las calles.