Todos apuntan a Manaco

Hace poco más de una semana y cuando emergía el conflicto de la empresa Manaco con sus trabajadores, el Ministro del Trabajo supuso, en público y sin fundamento alguno, que se “estaría avanzando en un cierre paulatino de la empresa sección por sección” (sic). Como si de una alerta orquestada se tratara inmediatamente los líderes sindicales enardecieron a sus bases con la palabra “nacionalización”, repetida a coro. Antes y en febrero, Evo Morales dijo que si Manaco “está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría la mano para firmar un decreto supremo de nacionalización” (sic). Para cerrar el círculo, este viernes un tribunal de justicia, bajo la supervisión del Ministro del Trabajo en persona, resolvió la improcedencia de la acción de amparo constitucional presentada por Manaco, que era la última instancia que le quedaba para reclamar la forzada inducción oficialista para “no cumplir la ley” (¿?) a la que se halla sometida; y en medio de un escenario ficticio en el que Manaco queda a solas como una “empresa que pretende cerrarse”.

Ya los indicios son suficientes para sospechar sobre la existencia de un plan en el que participa activamente el Gobierno y los sindicalistas fabriles que, con intereses absolutamente políticos, están tratando de provocar incertidumbre y temor reverencial en el sector empresarial boliviano. Son esos servidores públicos los que de manera precipitada han arrojado al escenario conflictivo también la palabra “intervención”, como quien modula las voces que piden la nacionalización de algunas empresas privadas, para incrustar intereses poco transparentes y malsanos. El Gobierno ya ha aprendido a nacionalizar y tiene muchas experiencias desastrosas al respecto, siendo el caso Enatex que le ha proporcionado la moraleja más emblemática: Nunca nacionalices una empresa quebrada, tienes que nacionalizar una empresa exitosa.

Es que intervenir una empresa indudablemente no es lo mismo que nacionalizarla, en otras palabras resulta un paso previo para cumplir con la agenda política que los nuevos actores en el escenario gubernamental están exigiendo para conservar sus cuotas de poder. Es el caso de los fabriles sindicalizados que antes de las elecciones de octubre pasado han pactado un acuerdo con el partido azul para irrumpir en el conglomerado privilegiado que sustenta al Gobierno; junto con los cocaleros, minoristas, transportistas, cooperativistas, indígenas y otros grupos corporativos. Con todas estas actitudes suspicaces en el caso de Manaco, se está creando artificialmente la figura de abandono empresarial o de cierre, en el peor de los casos; e impulsando esos conceptos tan vagos de “empresa social” o “empresa comunitaria” incrustados demagógicamente en la Constitución Política del Estado.

Manaco, con decisiones gubernamentales y judiciales sumisas de por medio, ya se ha constituido en un testigo mudo de un plan absolutamente aventurado que apunta a su nacionalización o intervención. A través de esa acción ejemplarizadora, los que han diseñado esa técnica perniciosa ahora pretenden esparcir, entre el sector empresarial privado boliviano, la idea omnipotente de que a Evo Morales es preferible temerle que amarle, porque a él no le tiembla la mano. El Día del Trabajo está cerca y ya son pocas las personas ingenuas que quedarían absolutamente sorprendidas con la firma de esos decretos que tanto le gustan al Presidente. ¿A dónde vamos?

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