Ya no queda duda que el gobierno le puso el cascabel al gato. Seguramente en esta semana la bancada masista, pese a los chillidos de la minusválida oposición y los reclamos de los familiares de Marcelo Quiroga, terminará de aprobar la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Esa tarea tan peligrosa y difícil se concretará con los innumerables cascabeles que el gobierno prenderá a cada una de las propiedades, muebles o inmuebles, de sus adversarios políticos.
El gobierno ha asumido con mucho entusiasmo una gran tarea antiparasitaria y por eso quiere anular a todos sus oponentes y desterrar a sus militantes corruptos, amenazándoles con la confiscación de sus propiedades, que las presume sin prueba en contrario, producto del hurto de fondos públicos. El momento en que se terminaba de anunciar la inminente aprobación de esa ley, en los bufetes de abogados y las notarías se incrementaron las visitas de personajes siniestros pidiendo la redacción de contratos de transferencia de propiedades a favor de testaferros, con la esperanza de escapar de los tentáculos de esa ley. En este tema, los máximos funcionarios no andan sobre ambigüedades; y haciendo gala de su absolutismo incontrolable, no tolerarán a los que convirtieron el Estado en una fábrica de ricos
Los empresarios privados, que en antaño influían notablemente en la actividad política, ahora están adormecidos, ocultos y temerosos, con miedo a tomar cualquier iniciativa que implique proteger a algún político oficialista u opositor para que defienda sus intereses. Y ese pánico ha aumentado con sólo pensar que pueden ser tildados de cómplices y quedar en la cochina calle, más sus bienes en poder de unos funcionarios inescrupulosos que administran los bienes incautados por el Estado. Según el gobierno, los empresarios privados tienen que cumplir su papel en sus empresas y no en los escenarios políticos; caso contrario, los cascabeles adheridos a sus propiedades comenzarán a sonar, alertando a los inquisidores y confiscadores del Estado.
Cualquier persona mediantemente inteligente, que ha adquirido honestamente bienes materiales durante toda su vida, tendrá que pensar veinte veces antes de tomar la decisión de ingresar en las arenas movedizas de la política. Porque el primer acto de venganza oficial contra cualquier opositor será investigar el origen de sus bienes o los procedimientos utilizados para generar sus dineros. A nadie le gusta estar bajo sospecha y que sus bienes estén en peligro. El instinto natural de seguridad y supervivencia hará que mucha gente este buen recaudo, muy alejada de esas arenas. De ahora en adelante, la persona que quiera entrar en política, y emprender con éxito la tarea de oponerse al gobierno, no deberá tener propiedades ni bienes materiales cumpliendo el perfil de un pobre gato, pero muy rico en talentos, carisma y autoridad, que es algo que todos esperamos para activar y enaltecer la confrontación política.