El reciente decreto supremo que prohíbe la exportación de azúcar y hace frente a su acaparamiento ha abierto los ojos de algunos desempleados que odian la rutina del trabajo digno y les ha colocado una sonrisa torva en los labios. Se ha ofrecido el 5% de comisión a los denunciantes y soplones por la delación de agiotistas y especuladores del azúcar. Algo parecido ocurría en la lucha contra el contrabando, cuando se empleaban agentes malevos para inculpar a cambio de una tajada del botín. Sin duda, el remedio será peor que la enfermedad, si esta conducta oficial de institucionalizar alcahuetes a sueldo se materializa en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.
Todos estamos de acuerdo que hay que luchar contra la corrupción y el delito, pero está ley no debe incluir a la mayoría honesta del país, como un medio para justificar que en la lucha contra la corrupción se deben meter en la misma bolsa a los justos y a los pecadores. El gobierno ha descubierto un negocio compartido en el que los holgazanes se convertirán en soplones, sólo para destruir a personas dignas, embadurnando sus creencias, costumbres, debilidades y amistades. El corrupto, el rico, o cualquier ciudadano afortunado, aunque sea honesto y decente, entrarán en el fértil campo de las conjeturas, principal alimento del soplón. Esta metodología para infiltrase en lo más profundo de la corrupción boliviana ofrecerá sus primeros resultados favorables, el mismo momento en el que los antiguos jerarcas del mirismo, el movimientismo, el adenismo, el eneferismo, etc., se enfrenten a las delaciones del enemigo político o de algún camarada frustrado en el pasado reciente.
La cirugía oficialista que extirpará la corrupción y a los corruptos de nuestra sociedad, garantizará al soplón o infidente el secreto sobre su identidad personal, lo cual resulta un éxito para el gobierno, en su plan de inutilizar a los opositores, Para sanarse en salud, mejor para el gobierno si en el proyecto de ley no se establece la revelación del nombre del denunciante de un hecho de corrupción, de comprobarse que la acusación fue falsa. “Encubrir a los falsos delatores o morir”, será el aforismo adecuado para simplificar la venganza histórica que ha emprendido el MAS; pero puede resultar siendo una espada de doble filo, ya que el masismo se está hinchando de casos de corrupción y de corruptos, y lo peor está gestando a sus íntimos delatores del futuro. Tan peligrosa puede resultar está ley, que destapará los instintos básicos de venganza y de represalia, disimulados por años de odio al semejante. Lo peor de todo es que los niños y niñas tendrán a la vista una guerra malsana en la que las denuncias, delaciones e infidencias acompañarán a la intencionalidad de dañar la honorabilidad de prójimos dignos. De aprobarse la ley, conoceremos la calidad o la mediocridad de nuestros legisladores. Sólo tenemos que rogar que la prudencia legislativa se imponga sobre la temeridad