En busca de un Defensor de todo el pueblo

Para sorpresa de todos, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha precipitado el procedimiento para elegir al Defensor o la Defensora del Pueblo, publicando la convocatoria el pasado 23 de febrero y esperando las postulaciones hasta el próximo miércoles 10 de marzo. Ya existen sonoras quejas de los postulantes que recién se enteraron del proceso selectivo o de aquellos que el plazo de 15 días les resultó muy corto para reunir los documentos, certificados y solvencias necesarios. Los medios de comunicación no han hecho el seguimiento adecuado a este apresurado proceso, lo cual ha sido aprovechado por el MAS para pretender el aseguramiento de alguno de sus militantes en el cargo o para reelegir a Ana María Romero o Waldo Albarracín, dos personajes muy comedidos y obedientes de las instrucciones políticas del gobierno, que ya se encuentran alineados en el nacionalsocialismo comunitario,

El gobierno, siguiendo sus propósitos y objetivos claros para dominar sin oposición, otra vez ha violado las reglas de transparencia y publicidad que se propuso respetar, cuando induce en error a los postulantes a Defensor o Defensora al decirles que el elegido ejercerá funciones por cinco años, con la posibilidad de ser reelecto “por una sola vez”; sin reparar en el hecho de que se ha consumado, una vez más, otra de esas violaciones constitucionales a las que ya estamos acostumbrados. Simplemente la norma indica que el período de funciones del Defensor o Defensora es de seis años, sin posibilidad de nueva designación (artículo 219.I, CPE).

La Defensora o el Defensor del Pueblo se constituyen, por mandato constitucional, en los justicieros que accionan contra los abusos del poderoso que medra en cualquier órgano del Estado, incluido el jefe del MAS; y que por esa razón básica no pueden ser objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones. Y esta premisa debería diferenciar a los ciudadanos que se postularán para defender al pueblo, de aquellos personajes que concursarán para defender las instrucciones que recibirán del MAS. Se nota a las claras que esta convocatoria está llevando las aguas hacia los molinos de Romero o de Albarracín, o de algún masista que no tiene una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, o una probada integridad personal para enaltecer la independencia del Defensor frente a los que maltratan gobernando.

Los ciudadanos y ciudadanas honestos estamos a punto de perder el último bastión de libertad y dignidad. Por eso, ahora más que nunca, hay que promover un verdadero y justo concurso público entre los postulantes a Defensor o Defensora, de tal modo que ellos puedan destacar sus méritos éticos y legitimarlos ante el verdadero pueblo. De lo contrario, será mil veces preferible que la institución del Defensor del Pueblo desaparezca antes que se convierta en una oficina que absorba instrucciones del Ejecutivo. Así de simple.

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