Sólo 500 metros cuadrados

Las opiniones vertidas desde esta columna se propagaron en Palacio Quemado y fue el vicepresidente García que salió al frente y dijo enfáticamente que nunca se elaboró o presentó algún proyecto de ley sobre la propiedad de bienes inmuebles urbanos; y que todo se trataba de una “guerra sucia política”. Es nuestro deber recordar que todas las guerras en este país las inició el propio gobierno y cuando sus consecuencias son incontrolables, recurre al expediente fácil de endilgar la provocación a la derecha o los políticos opositores. Lo que debió haber hecho el vicepresidente, antes de lanzar esas afirmaciones, fue navegar por el ciberespacio y los portales de internet que corresponden a las oficinas públicas que se dedican a la problemática de la vivienda, sólo con el fin de verificar y ordenar la eliminación de cualquier vestigio sobre la existencia del borrador oficial de la ley. Con la excesiva cantidad de huellas que ha dejado este proyecto, ya no queda incertidumbre de su real existencia, y tan es así que hasta los organismos no gubernamentales, que trabajan codo a codo con el gobierno en este proyecto, han quedado perplejos por la baja calidad de las manifestaciones contrarias a lo que ya se sabe. El proyecto sí existe.

Pero lo que reportó algo de tranquilidad fue que el vicepresidente afirmó categóricamente que el futuro proyecto no afectará la propiedad sobre los inmuebles adquiridos legalmente, y manifestó optimistamente que los propietarios que “tengan una casa, dos casas, o que mida 500 m2, 1.000 m2 o 3.000 m2 no van a ser afectados” (sic). Este anuncio es el que se esperaba hace tiempo atrás y que el gobierno ha tardado en expresarlo de forma tangible, pese a que desde nuestra columna habíamos insistido sobre la necesidad de que esto ocurra, precisamente para que la población civilizada de este país tenga certeza sobre el futuro de sus derechos propietarios y se atenga a las consecuencias. Así también quedó clara la pretensión oficial de regularizar, con documentos de propiedad, la tenencia o la posesión de inmuebles, por parte de personas que ocuparon predios ajenos o baldíos y que por más de 10 años han ejercido derechos anónimos de propiedad.

Entonces, el objetivo gubernamental es facilitar la obtención de títulos de propiedad para registrarlos en Derechos Reales; favoreciendo así a todas esas personas que están poseyendo terrenos dentro del área urbana de cualquier municipio del territorio nacional, puedan ejercer libremente los derechos legales y gocen “de los frutos civiles y materiales que proporcionan dichos bienes” (sic). Estos procesos urbanos de regularización sólo alcanzarán a los inmuebles que no excedan los 500 m2; es decir que un poseedor puede regularizar hasta esa superficie a través de un procedimiento expedito de usucapión (prescripción adquisitiva) que ha previsto el borrador oficial.

Ya no cabe duda que el gobierno está empeñado en crear las condiciones legales necesarias para permitir el ingreso, en la sociedad organizada, de una multitud de nuevos propietarios de inmuebles regularizados, que en los hechos representan un potencial económico incontenible. Ahora, todo permite afirmar que el objetivo es entregar y registrar la mayor cantidad de títulos de propiedad sobre casas o terrenos; respetando los derechos inmobiliarios legalmente adquiridos, que en conjunto representan una fuerte dosis de capital para estimular la generación de riqueza y el desarrollo financiero del país. Así se puede armonizar la función económica social de la propiedad, con el ánimo capitalista y emprendedor más elemental de los nuevos propietarios, sin necesidad de ensuciar la tranquilidad de la ciudadanía honesta.

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