El gobernador piensa cobrar impuestos sobre las casas

En días pasados la presidenta de la Comisión de Autonomías y Territorialidad de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el trabajo legislativo para la aprobación de cualquier proyecto de ley sobre inmuebles urbanos dependerá sustancialmente de los resultados del Censo de Población y Vivienda que se tiene previsto efectuar para el año 2011. Comentó que el borrador de este proyecto fue presentado en diciembre del año pasado y fue remitido al Ministerio de Vivienda y Obras Públicas para su consulta “técnica”, pero el Viceministerio de Vivienda estuvo socializando ese borrador con actores y sectores sociales de varias ciudades del país para recabar más información sobre el tema, de tal modo que se redacte una ley en consenso. Este comentario es una muestra más que el gobierno se vio en la necesidad de estimar mejor su situación estratégica frente al problema inmobiliario en el país, y así silenció prudentemente el borrador de la ley.  Pero la excusa del Censo de 2011, no ha podido ocultar el preocupante atado de conflictos que se está urdiendo al tratar de conciliar las ganas autonómicas de los gobiernos departamentales y municipales por generar recursos públicos de la manera más fácil, es decir echando mano a los bolsillos de los propietarios de inmuebles.

Entonces, ya queda claro que en esta guerra de los inmuebles, anunciada pero no declarada, han entrado nuevos combatientes, que son los gobernadores que lucharán por crear nuevos tributos y los alcaldes que pelearán por conservar sus privilegios tributarios ya adquiridos. El gobierno central ha identificado este problema y se puso manos a la obra para elaborar la propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal entre los organismos autónomos, según ha dispuesto la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), aprobada recientemente. Este pacto fiscal, dice la ley, deberá ser presentado en el plazo de seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo de 2011, con lo que todo permite indicar que el pacto estará listo para mediados del año 2012, pero entretanto las pugnas por crear impuestos o ingresos públicos se tornarán muy violentas, especialmente en los municipios y las gobernaciones que no siguen la línea del masismo.

Pese al disimulo de los gobiernos departamentales por crear algún tipo de tributo sobre los inmuebles urbanos que se ubican en su territorio, se puede afirmar que este nuevo problema será difícil de resolver a la hora de contentar a los municipios que actualmente ejercen el dominio tributario y la administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), vigente desde hace 15 años. Para evitar esos conflictos de competencia, que pueden generar doble tributación sobre los honestos ciudadanos, la LMAD ha previsto que la creación de futuros impuestos, se deberá sujetar a la ley de clasificación y la legislación básica de regulación, que deberán ser promulgadas hasta el 2 de julio de 2011.

Independientemente de que las leyes tributarias se aprueben antes o después del Censo o los pactos fiscales se celebren en 2012, ya no se puede ocultar el hecho de que los propietarios de inmuebles urbanos no sólo están preocupados por los afanes del gobierno central para regular la propiedad, sino que ahora lo están aún más por el apetito escondido de los gobiernos departamentales para intervenir activamente en la elaboración de las normas que regulen el uso de suelo urbano y los impuestos. Si el MAS, en este tema procede de forma desequilibrada, alentando las injusticias, puede provocar que el número de sus enemigos se incremente sustancialmente.

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