¡Imposible!. Pero estamos en la temporada ideal para seguir discutiendo el presupuesto para la Universidad Pública Boliviana, en el mismísimo escenario electoral. Por ejemplo, todos los candidatos a Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) están proponiendo medidas para incrementar el techo presupuestario 2003 de 463 millones de bolivianos, incluyendo algunos millones de bolivianos de préstamo que se podrían solicitar al Poder Ejecutivo, sin imaginar ni plantear algunas alternativas para incrementar los ingresos universitarios.
Todos los gobiernos, en menos de 20 años, conservaron la línea de mantener unos impuestos de dominio nacional y otros de dominio municipal. Ahora es necesario revisar la Constitución Política del Estado para «recordar» que el Parlamento tiene la atribución, quizás la obligación, de crear también impuestos universitarios y departamentales, que en los hechos no existen.
Lo recaudado bajo el concepto de rentas «nacionales» esta sujeto a una coparticipación tributaria, donde las universidades se benefician con una tajada que alcanza al 5% y los municipios con un 20%. Las manifestaciones desordenadas de los universitarios, siempre, y ahora también los candidatos a Rector de la UMSS, claman más y nuevos recursos. La forma idónea para asignarles caudales frescos es creando nuevos ingresos a través de impuestos de dominio y fiscalización universitarios.
Allá por el año 1948, el gobierno introdujo un impuesto especial para gravar los tambores de coca que llegaban a Tarija o transitaban hacia la República Argentina. La recaudación de este impuesto estaba destinada al fortalecimiento de la Universidad Juan Misael Saracho. En nuestros tiempos, sólo la idea de «reinstaurar» un impuesto sobre el consumo de coca con destino a las universidades no es mala, es ………. horrorosa. El paradigma de defensa de la coca uniformado por Evo Morales impide cualquier elucubración, por muy mórbida o beneficiosa que resulte. De hecho se convierte en algo absurdo.
Parece inevitable que el gobierno elaborará un estudio de mercado para saber cuantos bolivianos consumen coca. Gravar el consumo de la hoja con un impuesto específico, basándose en datos estadísticos claros, convertiría a los acullicadores bolivianos y extranjeros en contribuyentes y, a futuro, en beneficiarios directos con el desarrollo de unidades académicas de la UMSS para la educación superior de sus hijos o de ellos mismos. Hoy, y sin exención legal, los productores y comercializadores de la coca no pagan impuesto alguno, pese a que están obligados a pagar el IVA y el IT, entre otros tributos, por las ventas habituales en los mercados de la hoja.
En fin, para el Gobierno es más importante ampliar el universo de contribuyentes y la cultura contributiva. Desde que en 1986 se sustituyó el poder fiscal de las regiones y de las universidades por el poder fiscal del gobierno central, se ha permitido que el TGN se convierta en un gigante codicioso cuando redistribuye los ingresos tributarios. El impuesto sobre la coca destinado a la universidad pública o cualquier impuesto de dominio universitario es imprescindible, siempre en cumplimiento de la atribución constitucional que se pretende «recordar».
Ahora los candidatos a Rector de la UMSS tienen una novedosa alternativa electoral, para que esta universidad no tenga que recurrir en el futuro a asignaciones presupuestarias enclenques o a préstamos impagables. Por el momento: olvídense del impuesto sobre el consumo de coca, pero no dejen de pensar en otros impuestos.