Mucho antes de que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado, los contrabandistas estaban interesados en que su propio gobierno vea a su actividad económica, ya no como delito, sino como una contravención simple, de esas como botar basura en la ciudad u orinar en el país entero; en realidad algo muy normal, desde que en Bolivia el Estado de Derecho está en vías de extinción.
Con una omisión y una negligencia inexcusables, los gobernantes bolivianos han permitido, en diciembre pasado, que nuestro país fuera “expulsado” (sic) de los entes supranacionales que combaten universalmente la corrupción y el contrabando, así como el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Es decir que el gobierno mostró en el concierto mundial una actitud aliada con estos ilícitos. La muestra palpable es el reciente Decreto Supremo Nº 0014 que modificó la Ley Nº 2492, contra todo orden constitucional, sin asco y sólo para beneficiar a algunos personajes oscuros. Esta ley estipulaba que las personas que contrabandeaban mercaderías con una defraudación de tributos superior a Bs. 15.000.- tenían una pena de tres a seis años de cárcel. Ahora con ese simple Decreto firmado por el propio Evo Morales, cualquier persona puede introducir mercaderías sin ser sancionado con cárcel, y con la ganga de defraudar impuestos hasta Bs. 300.000.-. Y lo mejor de todo es que la disposición tiene carácter retroactivo (ver el art. 150 del Código Tributario), es decir que se puede liberar a cualquier contrabandista que cometió estos ilícitos el año pasado, o cualquier año después de 2003, incluido el asunto de los 33 camiones de Pando. Esto es regresivo, porque lo lógico es que cada año que pasa se debe tener tolerancia cero hacia la defraudación aduanera.
Como parte del plan retrógrado y en abierta confrontación con el Estado de Derecho, el gobierno ha iniciado un juicio contra el diario La Prensa por haber inscrito en uno de sus titulares que Evo dio la luz verde para contrabandear, mucho antes que se descubra el escándalo de los camiones en Pando. Y nos preguntamos: ¿cuándo se iniciarán los juicios contra los diarios que sindicaron directamente al Ministro de la Presidencia en el ilícito de contrabando? El Presidente debería proponerse lavar la cara de su gobierno, de todos esos óxidos vinculados con los delitos de corrupción, narcotráfico, contrabando y otros generados en la dilatada burocracia que lo sostiene. Lo mejor que puede hacer es dejar de señalar con misiles a quienes le muestran sus errores; ponerse a la tarea de condenar y perseguir abiertamente el contrabando, y no callar sus vínculos con los principales acusados.
Las personas sensatas ya nos encontramos satisfechas por el sólo hecho de haber descubierto la verdad sobre el contrabando en Pando y sólo nos queda esperar su sanción; entre tanto los necios de ejercicio, están empeñados en tildar con falsedad algo que ya es irrefutable: existe amparo del gobierno al contrabando. Nuestro primer mandatario pudo no haber autorizado las operaciones de defraudación aduanera en Pando, pero firmó el Decreto Supremo Nº 0014 que protege a la burocracia que sí las autorizó. Nos referimos a esas burocracias que se parecen mucho a una cámara séptica, en la que los trozos más grandes, siempre suben a la superficie. Al final se sabrá toda la verdad y usted Presidente terminará reconociéndola. Bueno…, hable de lo que hable, habla de dinero, de dinero sucio.