Ya comenzó el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 497 que traspasará los servicios de Identificaciones y Licencias de conducir a oficinas públicas administradas por personal civil. Ha tranquilizado el anuncio oficial de que el ciudadano común ya no tendrá que hacer las inhumanas filas para obtener su cédula de identidad (CI) o para lograr una fotocopia legalizada; y mucho más ha aplacado los ánimos de la gente honorable el aviso gubernamental de que el número del CI no será modificado, porque de lo contrario se habría generado una recarga burocrática sobre las espaldas del pueblo llano por los infinitos y onerosos trámites para cambiar los datos en los registros de propiedad, laborales, profesionales y otros que se fundan en ese número.
Se nota que el proceso está avanzando para bien, pero la Policía Boliviana continúa peleando ferozmente para proseguir con la administración del servicio; y para mal mayor sus efectivos no dudarían en atrincherarse para así continuar atesorando el monopolio sobre la CI que ilegítimamente les ha proporcionado ingentes recursos desde hace más de medio siglo, con el producto del trabajo humilde y la fatiga del pueblo entero. Ni siquiera las denuncias de corrupción en la institución del orden han avergonzado a sus efectivos; y para simple muestra sólo basta recordar al director de Identificación Personal de El Alto, quien sin pelos en la lengua dijo que la decisión del Ministerio de Gobierno de traspasar el servicio fue “política” y causó “daño a la institución y ojalá no se arrepienta de haberle hecho ese perjuicio, éste ha permitido que el actual Gobierno esté gobernando» (sic). Obviamente este inoportuno policía fue destituido de cargo, pero ¿qué nos quiso decir? Sencillo, nos mandó el mensaje de que los masistas aceptaron subrepticiamente el apoyo de los altos mandos de la Policía y de sus oficiales intermedios para afirmarse en el Gobierno, pero ¿habrá sido a cambio de alguna carta blanca para cometer actos de corrupción y beneficiarse financieramente a través de cobros irregulares, con la clonación o la otorgación de documentos de identidad, entre otros beneficios pecuniarios mal habidos?
De confirmarse esta hipótesis estaríamos ante un acto monumental de corrupción muy difícil de silenciar por parte de los funcionarios de gobierno. Pero no se necesitan muchos argumentos para confirmar que la Policía aún tiene un gran poder de chantaje sobre el Gobierno y todo esto se fortalece con la increíble escena que concretó el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al anunciar que los policías no perderán la recaudación proveniente de la emisión de las nuevas licencias de conducir y cédulas de identidad. Es decir que el Gobierno se encadenó nuevamente al aparato policial y consintió que los ingresos generados por la nueva CI seguirán financiando las jubilaciones, infraestructura, tareas operativas, fondos mutuales y cooperativas de la entidad policial con el aporte ciudadano. Esto sí que es inconcebible.
Todos creíamos que la Policía se refundaría para alcanzar ese prestigio que nunca tuvo, a base de principios de moralidad y transparencia, pero desde el Gobierno se amenaza al pueblo con la continuidad clandestina de estos pactos económicos para garantizar la estabilidad de los masistas en sus sillones. Entonces ¿por qué se insiste que la cédula tenga un precio y que el pueblo pague unos valorados a favor del Ministerio de Gobierno con destino a la Policía Boliviana? No caben más explicaciones, el ciudadano decente o la ciudadana honesta no deben entregar ni pagar un solo centavo para que la Policía socorra políticamente al Gobierno, a cambio de la CI. Desde esta columna no nos cansaremos de insistir que, ahora más que nunca, es deber de la sociedad organizada exigir a sus autoridades carnets gratuitos e instantáneos para ejercer los derechos civiles básicos sin condiciones ni privilegios.