No queda duda alguna que todos los bolivianos y bolivianas, incluido el Presidente cuando era un simple ciudadano, aborrecían y aborrecen enfrentar el trámite de obtención de la cédula de identidad (CI). Después de la muerte, debe ser la práctica burocrática más temida en Bolivia, así como es tan resistida por colocar al ser humano en unos niveles irremediables de inferioridad y desigualdad. Esta es la razón por la que un número significativo de bolivianos y bolivianas nunca tramitaron su CI o se resistieron a renovarla. Sencillamente el hombre o la mujer, que así se precie, considera que hacer cola para obtener la CI es morir y podrirse en vida. Para extinguir esta práctica inmunda el Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado la decisión, por demás acertada y plausible, de que los trámites de identificación personal, hoy a cargo de la Policía, sean administrados por unidades descentralizadas del Ministerio de Gobierno, según reza el proyecto de ley enviado el viernes por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Esta decisión se debió haber tomado hace mucho tiempo, pero para garantizar un servicio eficiente y transparente todos coinciden que debería ser el Tribunal Supremo Electoral que gestione directamente este servicio público.
Lo que no sabían los ciudadanos bolivianos era que al adquirir el servicio de identidad personal estaban aportando clandestinamente unos 75 millones de bolivianos anuales con destino a las mutualidades y viviendas de los policías (¿?). Este inmoral y encubierto procedimiento de exacción a la ciudadanía se acabó en términos formales, pero lo que no terminó es la continua imposición arbitraria en la Policía, que recauda del público un estimado de 150 millones de bolivianos en la materialización de más de 60 trámites innecesarios que se realizan en las oficinas de Tránsito, la Felcc y la Felcn. Con todo esto se ha generado una justificada sospecha sobre el Ministerio de Gobierno que al hacerse cargo del Servicio de Identificación podría convertirlo en esa caja chica donde se deposite todo el dinero recaudado y se lo gaste reservadamente en acciones políticas directas o se compense desproporcionadamente a los ahora “desposeídos” policías. El gobierno ya debería levantar cualquier susceptibilidad y mandar el mensaje claro de que el trámite será instantáneo y gratuito, sin caer en esas experiencias sombrías como fue el Programa de Cedulación Gratuita que, financiado con “chavocheques”, terminó regalando entre los militantes masistas las famosas cédulas “clonadas” sólo para fines electorales y otras corruptelas inconfesables.
Para garantizar el éxito de este proceso de sinceramiento con la ciudadanía, tan explotada en su vida y hacienda, se debería reactivar el padrón biométrico de 2009 y aprovechar esa experiencia valiosísima, que en tiempo record imprimió transparencia y eficacia en la administración de los datos básicos de las personas naturales; porque resultaría innecesario y ocioso, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos o el Ministerio de Educación trate de crear su propio registro biométrico, duplicando esfuerzos, tiempo y recursos en el ámbito administrativo. Simplemente cualquier organismo público debería participar de un flujo de información continua y permanente con el Órgano Electoral, que administra el Padrón Biométrico y el Registro Civil, de tal modo que se nos libere de más trámites y de la detestable “fotocopia del carnet”
Ahora más que nunca, y con la urgencia del caso, se debe emitir la ley que devuelva relevancia social al ser humano boliviano, de tal modo que se le permita contar con un documento único de identificación, como un símbolo de ciudadanía individual, y que a la vez les sirva como licencia de conducir o carnet electoral, así también como un certificado de identificación tributaria, patronal, laboral, profesional, etc. Eso sí, gratis y sin demora, como fue el registro biométrico de 2009.