Para Chile un mar de cocaína y plurinacionalismo

Todos los medios de comunicación han difundido la confirmación tajante del vicepresidente Álvaro García Linera de que la demanda boliviana de acceso soberano al mar es irrenunciable. Eso ya lo sabíamos, pero lo que llamó la atención fueron las explicaciones que ofrecieron de un lado y del otro de la frontera un sinfín de personajes. Entre dimes y diretes fue el propio vicepresidente que negó haber recibido un rechazo a la demanda de acceso al mar de parte de Sebastián Piñera, presidente chileno, pese a que una publicación de El Mercurio, confirmaba que el gobierno del país vecino no estaba disponible para conversar sobre una cesión marítima para Bolivia. Hasta el canciller boliviano fue acusado de embustero y mentiroso, por haber ocultado una carta que la Moneda envió a Palacio Quemado, hace unos meses atrás, en la que los estadistas chilenos confirmaron que no están dispuestos a negociar la soberanía marítima. Alguien no está diciendo toda la verdad de lo ocurrido, no sólo en el almuerzo ofrecido por Piñera en la Moneda, sino en otras ocasiones también.

Resultó muy clara la energía con la que el gobierno de Piñera ha explicado lo sucedido en aquel almuerzo, pero por alguna razón persiste en su plan de disimular su pánico por el excesivo incremento del narcotráfico “made in Bolivia” que tiene como nicho de mercado a todos los jóvenes y la gente madura de las principales ciudades chilenas; que están corriendo serio riesgo con esa encubierta diplomacia boliviana que tiene como embajadores y cónsules a los narcotraficantes, que están ahogando un país entero con cantidades impresionantes de cocaína. Entre las estadísticas chilenas, quizás las más reales y fiables de la región, aparecen los datos  sobre un agravamiento sostenido del consumo de cocaína entre los chilenos; y su incidencia fatal en la inseguridad ciudadana, la corrupción, la frustración y el bajo rendimiento laboral, social y económico de una población tan pujante como la chilena. No nos extrañaría que este haya sido el tema central que se trató en el almuerzo del 24 de junio y sobre el que Piñera, con mucha reserva y cautela, no quiere aún responsabilizar al gobierno boliviano por su negligencia para combatir el narcotráfico.

Los servicios de seguridad e inteligencia chilenos no sólo están preocupados por el narcotráfico, sino también por los reiterados viajes de sus activistas políticos de la oposición más radical a varias ciudades de Bolivia. Parece que la susceptibilidad ha crecido de forma alarmante de sólo suponer que esos activistas se están entrenando para descomponer el escenario político chileno con mecanismos políticos de desestabilización diseñados al mejor estilo boliviano. Alguien quiere calcar en Chile la experiencia boliviana sobre democracia plurinacionalista, y a nadie debería extrañar aquellos gritos que ya se escuchan para dar todo el poder a los indígenas chilenos para que administren y dispongan de sus recursos naturales, o acelerar la necesidad urgente de la reforma total de la “constitución oligárquica” del pinochetismo; o para introducir la figura del referéndum popular. A estas novedades es que temen todos los políticos chilenos, los mismos que han desarrollado durante más de 20 años la imagen de un país altamente civilizado en procesos de convivencia pacífica y democrática.

La cocaína y las políticas desestabilizadoras son las dos cartas credenciales usadas por unos embajadores clandestinos que quieren atosigar a todo el pueblo chileno. Así, cualquier gobernante de Chile no dudaría en firmar las cartas que sean necesarias para negarse a negociar la salida al mar, con unos gobernantes bolivianos que no son muy fiables, mienten de oficio y están aliados con el desprestigio.

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