Con la boca abierta hemos visto como los constituyentes, diputados y senadores, y otros líderes de oposición, muy entusiastas y con el regocijo entre los labios, se han sentado en la mesa del gobernador para demostrarle su asentimiento; y permitirle ampliar por unos meses más el mandato de la Asamblea Constituyente (AC).
El MAS ha fracasado en la AC y el comienzo de la derrota para su designio totalitario se cuenta en días y hasta el 6 de agosto. La AC dignamente no logró sus objetivos en los últimos doce meses. Para salvarla, el MAS pidió la ayuda de sus enemigos. Recurrió a la blandura y la lenidad de estos para contrariar la Constitución vigente, la ley o cualquier idea de legitimidad. Estos se entregaron.
La Ley Especial de Convocatoria denominó “constituyente” a la persona natural que ejercería la representación del pueblo, y que tenía como misión redactar la nueva norma constitucional. Además se estableció que los constituyentes deliberarían en un período de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de la instalación de la Asamblea.
Desde el 6 de agosto de 2006, el pueblo boliviano ha deliberado (mal o bien) por medio de sus representantes en la AC, y a pocos días de la finalización del periodo de sesiones, sus integrantes no han demostrado tener la suficiente voluntad para aprobar el texto de la nueva Constitución, incumpliendo la misión encomendada.
La Constitución vigente estipula que el pueblo y sólo él puede elegir de entre los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes y Concejales Municipales, que postulen en igualdad de condiciones ante la ley. Así se colige que el pueblo es el mandante y único soberano. A ninguna de estas autoridades les está permitido prorrogar su propio mandato y menos el de otras; más allá de los plazos máximos establecidos en la ley. Provoca nauseas simplemente imaginar que, en enero de 2011, por ejemplo, el gobernador Morales pida ampliar su mandato porque no terminó de “nacionalizar”, o que el Congreso pida seis meses más para aprobar alguna ley que se le quedó en el tintero.
Si el Congreso o el gobernador Morales se atribuyen la soberanía del pueblo, actuando sediciosamente, y acordando desventuradamente la prolongación del mandato de la AC, tengan la seguridad que los tribunales de justicia y las calles colapsarán cuando los ciudadanos simplemente defiendan sus derechos en contra de la arbitrariedad manifiesta.
Bajo los principios constitucionales de igualdad e improrrogabilidad; los constituyentes cesarán en sus funciones a las 24 horas del 5 de agosto de 2007; y además perderán ipso facto todas las inmunidades y prerrogativas de las que gozaron durante la vigencia de su mandato. Pare de contar. Después de esa fecha y a esa hora, los actos de la AC son nulos de pleno derecho. Todo boliviano o boliviana que se precie, tiene la insalvable obligación de no consentir acto alguno que dilate el error y ensanche el camino al totalitarismo.
Todos sabemos que el MAS es merecidamente señalado como el vehículo político que se ha propuesto demoler la institucionalidad democrática y la libertad en este país. Que los representantes nacionales de la oposición se sumen a esta luctuosa tarea, es el colmo de la cobardía. Hasta aquí hemos llegado.