Las cosas están mal en la ciudad de Cochabamba. Mientras el grueso de la población ha alcanzado una mayor naturalidad en la búsqueda de sus intereses; ciertos grupos urbanos desoyen su deber de estar informados, desconocen las leyes y los procedimientos jurídicos, y con mucha habilidad política se muestran muy persistentes a la hora de imponer el desorden. Por su parte, las autoridades municipales no cumplen con su misión de equilibrar las demandas de intereses enfrentados para convertirlos en un consenso comunitario. Así fue cuando los transportistas de la ciudad de Sacaba, han aprovechado la indiferencia y la inercia en la que se encuentra sumida nuestra población; y han provocado unos bloqueos vehiculares que han estrangulado el normal desarrollo de las actividades cotidianas del pasado miércoles, y sin que las autoridades ediles hayan podido resolver el asunto. La ciudadanía no pudo encontrar los canales para poder hacer sentir su desagrado y ante todo la inconveniencia de seguir viviendo en una urbe donde prevalece el engaño y la mediocridad institucional. Este es pues el ambiente propicio para consumar una plantación masiva de nabos en las espadas de los cochabambinos.
El derecho a transitar por las calles de la ciudad, sin duda tiene el reguardo constitucional, y en principio el ejercicio de ese derecho se entiende que es ilimitado, pero por razones de convivencia pacífica es que las autoridades del municipio tiene reservada la atribución de reglamentar ese derecho cuando se trata de servicios públicos organizados; como es el caso del trasporte hacia Sacaba. Este grupo de servicio esta nutrido de gentes sin vergüenza, que se han propuesto atosigar a los ciudadanos honestos. Han invadido nuestras ciudades y nos han hecho entender a empellones que existe una nueva clase social, integrada por ese tipo de personas que han adquirido bienes sin escrúpulos; y que están vinculada con esa actividad tan cuestionada que se refiere a la importación de vehículos usados, destinados a la creación de esas famosas líneas paralelas que no cuentan con autorización oficial. Todo esto explica que personas de otras ciudades reclamen el ejercicio de sus derechos, sin el compromiso de cumplir obligaciones. Es gente, que ni siquiera vive en la ciudad y menos pagan impuestos para el sostenimiento de los servicios básicos de los que ellos son los beneficiarios directos.
A base de esta experiencia desastrosa; los que se postularán como alcaldes o alcaldesas para las elecciones municipales de año 2010, deben planear una sana visión de futuro, y proponerse con prioridad la regulación de las normas que ordenamiento del tráfico vehicular en esta ciudad alborotada. Ha llegado la hora para prescindir definitivamente de esas conductas medievales y enfrentar esos intereses paralelos de grupos de interés sumidos en el abuso y la ignorancia deliberada. Si a los concejales les queda algo de sangre en la cara, deberían asumir con rigor sus deberes y liberarnos de los sujetos que nos muestran los nabos, para plantarlos en nuestras espaldas.