¡Muera la Gaceta Oficial!, pero …. ¿cuándo?

Han pasado casi 50 años de la creación de la Gaceta Oficial de Bolivia.  Y el principal vínculo del Estado con la ciudadanía continúa con el formato caduco, la tinta color sepia, la imprevisión en sus publicaciones, la difusión nula y la comercialización que no va más allá de la plaza Murillo.  Si usted quiere comprar un ejemplar de la Gaceta que es de su interés, simplemente tiene que viajar a La Paz o comportarse algo más creativo.

Desde las reformas estructurales que siguieron al Decreto Supremo 21060 el cuadro de las normas jurídicas ha cambiado sustancialmente.  La permanente especialización en los diferentes campos jurídicos ha colocado a cualquier profesional en el plano de la permanente actualización.  Esta circunstancia fue aprovechada por editores inescrupulosos que han inundado las oficinas legislativas, administrativas y judiciales con “versiones libres” de las diferentes leyes y todo tipo de resoluciones del Poder Ejecutivo, obviamente, a cambio de precios ridículamente bajos.  Este hecho confirma que “lo barato cuenta caro”.

Los que estamos relacionados con la actividad fiscal hemos confirmado que se tratan de textos legales que no responden a los originales publicados en la Gaceta Oficial y contienen errores que pueden ocasionar graves daños.  Los editores han tergiversado el texto legal de tal manera que una palabra o un número equivocados pueden desvirtuar el contexto normativo. Sin duda, son “errores de dedo” que deben ser enmendados de alguna manera.  La actitud delincuencial y escandalosa de estos libreros llegó al extremo de que aún venden textos normativos derogados o abrogados, como si estos estuvieran tácitamente vigentes.

Los textos legales “piratas” no cuentan con la autorización que debe otorgar el Ministerio de la Presidencia.  Grave omisión, si se toma en cuenta que la misión de controlar y autorizar la publicación  de textos legales está a cargo de este ministerio.  Irónicamente, estos documentos se encuentran sobre el escritorio de cualquier despacho ministerial o judicial, y lo que es peor en las manos de todos los orondos legisladores.

Alguien, en el mismo Poder Ejecutivo, debe asumir el deber de obedecer la decisión legislativa para emitir y publicar, mediante Decreto Supremo, los textos ordenados de las diferentes leyes que han cambiado recientemente. Porque, hasta ahora, nadie conoce el texto ordenado oficial del Código de Procedimiento Civil o de la Ley 843, la Ley de Aduanas o el Código Penal, por ejemplo.

Ahora más que nunca corresponde modernizar y actualizar tecnológicamente a la Gaceta Oficial de Bolivia para que todos los ciudadanos podamos tener acceso a la información legislativa de manera ágil y oportuna a través del papel, y mejor si es a través de Internet.  Cáusticamente hablando, hasta en la página Web de una agrupación boliviana de boys scout uno encuentra normativa boliviana vigente, pero de la Gaceta Oficial de Bolivia sólo sabemos que está oculta y silente hace más de 40 años, además rayando su hora suprema y fatal.

¿Habrá alguna forma para delegar o autorizar las publicaciones legales a través de editores privados responsables? ¿Se podrá emitir alguna reglamentación para controlar el mercado de los textos legales y obligar a los libreros a asumir algún tipo de responsabilidad comercial?.  En estos temas podemos ayudar.

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