Manual para ultrajar la bandera

En teoría la persona que aje, injurie o maltrate públicamente la bandera, el escudo o el himno del Estado Plurinacional de Bolivia, debe ser sancionado con reclusión de seis meses a dos años; así como la persona o el grupo de personas que ultrajen públicamente la bandera, el escudo o el himno de una nación extranjera, pueden ser condenados con reclusión de tres meses a un año. Así dispone el Código Penal en sus artículos 129 y 141; pero cada vez que se marchita o quema la tricolor nacional el valor normativo del texto legal disminuye en importancia y sirve poco en la labor punitiva, pudiendo ser sustituido por una reflexión paternalista que simplemente logra enardecer los ánimos más nacionalistas, sin que los ultrajadores sean procesados y condenados a sufrir reclusión. Así la impunidad campea, otorgando legitimidad a cualquier acción que tenga por fin maltratar, arrugar o quemar la bandera nacional.

Durante los días jueves y viernes pasados los manifestantes afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), han figurado en unos actos por demás violentos, protestando contra las políticas gubernamentales que impiden un mayor incremento salarial al 10 por ciento dispuesto por el Gobierno. Los revoltosos llegaron hasta el frontis del Ministerio del Trabajo y lanzaron globos cargados de tintes, impactando algunos en la bandera nacional y la wipala, insignias que estaban izadas en la puerta de esta oficina estatal. Ni bien este hecho fue conocido por las autoridades, se activaron los mecanismos de manipulación y propaganda políticas del Gobierno y ubicaron en la palestra al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien exigió a los trabajadores protestantes de la COB desagraviar a la bandera nacional por haberla mancillado durante su iracunda marcha de protesta. En un espectáculo exaltador de lo nacional y sosteniendo la tricolor boliviana y la wipala, la autoridad de Estado recordó que la COB “nació, luchó y fue la abanderada del sentimiento más profundo del pueblo boliviano”, y para concluir besó la bandera, manifestando indignado: “¿No son bolivianos esos compañeros, no aman Bolivia, no sienten lo que significa esta tricolor y ésta wipala?”. Este mensaje chovinista quedó cojo, nuestro segundo dignatario debió anunciar el inicio de procesos penales para castigar como se debe a los ultrajadores, (“caiga quien caiga” como dicen cuando les conviene), y de la misma manera, absolutamente desproporcionada, como se ha actuado en otros casos también punibles.

Si para el vicepresidente García Linera, el hecho de haber manchado la bandera nacional representó un contrasentido y una acción antipatriótica de los trabajadores, también constituyó un contrasentido no accionar la ley penal para castigar a los infractores y peor aún si se omitió el deber del servidor público de denunciar ante las autoridades judiciales este delito y lograr una condena ejemplar. Esto confirma que el Gobierno no quiere complicar, por conveniencia propia, el escenario de negociaciones con la COB, que estacionalmente retoza muy afín con los oficialistas azules.

Esto resume el alto grado de impunidad que se alienta desde Palacio Quemado. ¿Qué hubiera pasado si el ultraje a la tricolor, o la bandera cubana, iraní o venezolana la hubiera perpetrado un conocido grupo político de oposición? Quizás el espectáculo mediático hubiera sido más imponente y las autoridades habrían detenido inmediatamente a los agresores, les hubieran privado de su libertad y de un juicio justo, manipulando jueces y fiscales para lograr sus propósitos políticos. Besar nuestra bandera no es una excusa tácita para dejar de cumplir el deber de servidor público y denunciar el hecho delictivo. Sólo queda esperar que esta muestra evidente de impunidad no convierta el ultraje a nuestra bandera en un deporte nacional.

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