Diezmos: boletos a la cárcel para dos personas

Hace más de una semana el Concejo Municipal de Cochabamba se sumergió bajo unas aguas sucias y estancadas, por el escándalo originado en una acusación formal contra su Concejal secretario. Esta autoridad supuestamente habría pedido a la encargada de comunicación del Concejo, que tomara sus vacaciones y, habiéndolo hecho, la retiró de su puesto de trabajo. Todo se complicó cuando esta ex servidora pública pidió el reembolso de los diezmos que pagó desde hace meses para conservar su cargo. Ni bien el concejal secretario rechazó el pedido de restitución y negó la existencia de semejante trato de subordinación retribuido, saltó una segunda denuncia de otro funcionario concejil, que al negarse al pago del diezmo, fue removido de su puesto de encargado del área audiovisual y a un puesto inferior de portero. Como resultó obvio el Concejal secretario ratificó su inocencia y dijo que iniciará acciones legales contra sus acusadores “malagradecidos” (sic), pero la presidenta del Concejo Municipal, se adelantó y remitió las denuncias ante el Ministerio Público, para su procesamiento con la ley anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Esto de por sí es grave y resultaría desastroso que no se concluya el proceso penal y se continúe explotando siniestramente esta conducta malsana que ultraja a la clase política. Seguramente las divergencias entre los concejales oficialistas y los opositores afloraron a raíz de la publicitación de esta práctica ilegal del cobro del 10% de los sueldos o salarios de sus funcionarios subalternos, y precisamente ha alcanzado niveles viciosos, no por las probables consecuencias de las dos denuncias, sino por la complicación en la que se encuentran otros concejales. Este tráfico de diezmos parece que no sólo es un mal del concejal secretario, sino un consuelo de otros de sus colegas; por lo que algunos se están arrepintiendo de haber destapado la olla que guardaba ese secreto a voces, muy tolerado y facilitado por las autoridades desde tiempos coloniales. No extraña a nadie que los puñales virtuales, palabras hirientes y miradas torvas se crucen entre los concejales por este incidente tan reprochable, y menos sorprenderá que no se verifiquen actos escabrosos de ataque o venganza de cualquier concejal rencoroso contra la reputación de sus colegas, que clandestinamente también corrompían a sus subalternos

Lo que debería hacer el Concejo Municipal en pleno es defender a ultranza el prestigio del ente colegiado; y hasta donde se pueda también la honra y el buen nombre de cada uno de sus miembros, porque de lo contrario nos encontraríamos ante una compañía organizada que defiende ambiciones y socapa perversidades mutuas. Por el descubrimiento de este escándalo el legislativo municipal se ha tornado vulnerable, sin posibilidad de presentar una excusa por lo excepcional del caso, porque todo parece “tan normal” como tolerable. Las investigaciones que emprendan los fiscales anticorrupción no deben limitarse a estos dos casos particulares, por el contrario se debería ampliar al Concejo en su integridad, de tal modo que el remedio sea general. Ejemplar sería que el Concejo de Cochabamba tome la iniciativa y se purgue por dentro.

Ahora más que nunca, el Concejo en pleno y todos sus subalternos deben no sólo parecer, sino ser el paradigma de la corrección y la eficiencia institucional; y declarar públicamente que en el Gobierno municipal se han erradicado, irreversible y definitivamente, estas prácticas prebendadas con los diezmos y cualquier otra forma corrupta para favorecer la exclusividad sobre un cargo público, y enfatizando que el Concejo está libre de delitos y de delincuentes. Cuidado, la ciudadanía hasta ahora no ha dejado de creer que es tan deshonesto el que da diezmos, como el que los recibe.

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