Esto era lo que le decía, de dientes para adentro, Don Ramón al Señor Barriga cada vez que tenía que presentar alguna excusa para no pagar los alquileres retrasados por 14 meses. Estos personajes del Chavo del 8, “programa número uno de la televisión humorística” por más de 40 años, continúan desvistiendo ante la sociedad de la segunda década del siglo XXI la problemática habitacional latinoamericana, y ante la cual el ciudadano Presidente Evo Morales no quiere mostrarse insensible. Fue en Chuquisaca y el pasado cuando dijo que las familias que viven desde hace 5 a 20 años en un vivienda podrán acceder al título propietario. Menuda confusión desatato, por enésima vez, nuestro ciudadano Presidente a tal grado que en ciudad de Santa Cruz, especialmente en el famoso plan 3.000 en Santa Cruz, algunos propietarios de inmuebles han comenzado a temblar al imaginar que sus inquilinos o anticresistas les desojen con el amparo normativo de los legisladores del masismo.
Precisamente Evo Morales anunció que el día de mañana lunes 26 de marzo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de Ley de Regularización de la Propiedad Urbana y Regularización del Derecho de Propiedad sobre Bienes Inmuebles, que fue diseñado en la más absoluta reserva y bajo juramento de los miembros de la Confederación de Juntas Vecinales y las federaciones de juntas vecinales del país de no divulgar el proyecto. Tal es así que no existe una sóla institución cívica que tenga el proyecto en papel o haya participado de las “miles de reuniones de socialización del anteproyecto” que aseguran los funcionarios de gobierno se han realizado con las autoridades municipales, alcaldes y concejales.
Allá por agosto de 2010, ya se conoció un anteproyecto de esta ley, pese a que el vicepresidente García insistía que el Gobierno nunca elaboró o presentó algún proyecto de ley sobre la propiedad de bienes inmuebles urbanos; y que todo se trataba de una «guerra sucia política». Después de una polémica que duró dos meses, en octubre de 2010 la presidenta de la Comisión de Autonomías y Territorialidad de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el trabajo legislativo para la aprobación de cualquier proyecto de ley sobre inmuebles urbanos dependerá sustancialmente de los resultados del Censo de Población y Vivienda que se tenía previsto efectuar para el año 2011 y así quedó archivado. Entonces ¿cuál es la razón para reflotar este anteproyecto?. Lo que ha ocurrido es que el partido de Gobierno no ha podido desparasitarse de aquellos cabecillas de los movimientos de «toma tierras», «toma lotes», “sin techo” y otros afines, que están diseñando poderosas empresas inmobiliarias del socialismo comunitario; a costa de aquel valor liberal del esfuerzo individual y sacrificio personal para adquirir honestamente cualquier bien.
Esta gentusa abusiva y oportunista se encaramó detrás de las famosas organizaciones territoriales del base (OTB´s) para satanizar los inmuebles en las urbes que supuestamente no cumplan una función económica o social. Por eso; ahora y antes de discutir cualquier ley, el pueblo honorable tiene derecho a participar de la discusión del anteproyecto de la Ley de Regularización de la Propiedad Urbana y Regularización del Derecho de Propiedad sobre Bienes Inmuebles, de tal modo que la sociedad civil organizada actúe como tal y no como un instrumento de líderes de bandas de asaltantes creadas para enriquecerse, muy lejos de los valores de honradez y decencia.
Lo urgente es que el gobierno «socialice» el proyecto de ley con los propietarios de verdad y no con esos falsos movimientos sociales, que llevan incrustados algunos perversos que quieren tomar la propiedad ajena, sin fines legítimos y con un acentuado ánimo de lucro.