En 2009 la nueva Constitución Política del Estado instituyó la Procuraduría General del Estado que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado (art. 229, CPE). Su organización y estructura fueron determinadas por la Ley Nº 64 de diciembre de 2010, que le asignó la principal función de representar jurídicamente al Estado para intervenir como “sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes, del patrimonio e intereses del Estado, … asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano” (sic). En febrero de 2011, Evo Morales, en el acto de posesión del primer Procurador del Estado, dijo que “a partir de este momento, no solamente serán los movimientos sociales los que defiendan los intereses del pueblo boliviano, sino también la Procuraduría, que será una especie de yunta para defender legalmente el patrimonio de Bolivia”.
Un año después la yunta no funciona y menos tiene una presencia tangible en el escenario de las grandes tareas nacionales que se le atribuyeron a la Procuraduría por ley. Hubiera sido destacable, por ejemplo, que sea el Procurador General, como servidor público competente, que nos informe sobre el “avance importante” en el desarrollo de la demanda contenciosa contra Chile sobre la reivindicación marítima, y no el ministro de Defensa. Tan eclipsada está la imagen de la Procuraduría que no se conocen la cantidad o el curso de muchos procesos arbitrales y contenciosos que libra el Estado Plurinacional de Bolivia en cortes internacionales, entre otros pleitos de interés nacional. Lo lógico hubiera sido que el Procurador lidere estas tareas y las materialice, pero en este estado de cosas tan ilógico, cada repartición pública viene cargada con un enjambre de pleitómanos azules sin control, que más que defender los intereses del Estado, han asumido el rol de tergiversarlos para fortificar las tendencias absorbentes del partido de gobierno. Así de claro.
No es una novedad la propensión folclórica de los bolivianos hacia los litigios sobre minucias y los pleitos de baja intensidad, pero desde 2006 las razones sobran para comprobar cómo éste mal menor se ha convertido en un mal de todos los funcionarios oficialistas y un consuelo para los abogados del Estado. A nadie ya sorprende la elevada tasa de litigiosidad que ha contaminado hasta las más insignificantes partículas de poder que atesoran los masistas, después de haber sometido y capturado el Órgano Judicial en su integridad. Lo que nos sobrecoge es la manera poco escrupulosa como los abogados del Estado forjan artimañas contenciosas para anular al opositor político o a sus adversarios dentro de las filas masistas, convirtiendo los juicios en simples ajustes de cuentas contra los que desentonan con el régimen.
¿Acaso no es atribución del Procurador dictaminar sobre las directrices generales que deberán seguir los abogados del Estado, en resguardo del interés nacional? Sería pavoroso que algún servidor público nos confirme el hecho de que es de interés nacional la judicialización de la persecución o el acoso político a través de los litigios promovidos por estos abogados que andan luciendo su prepotencia para ocultar su indigencia profesional. Ya es hora de que el Procurador General del Estado asuma integralmente sus funciones y emita esos dictámenes vinculantes, recordatorios o recomendaciones tan esperados por la ciudadanía sensata para dignificar el trabajo de esos abogados del Estado que aparentan omnipotencia y así honrar el interés nacional sobre la ambición totalitaria del que nos gobierna.