La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado una sentencia a favor de la habilitación política de Leopoldo López, ahora convertido en el principal opositor venezolano, que desde 2008 tenía prohibido presentarse a cargos públicos por supuestos cargos de corrupción. Con esta sentencia, publicada el viernes pasado, la Corte ha declarado la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos políticos de López así como también le señala como responsable de violar «el deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos» que llevaron a la habilitación de López y de «la violación del derecho a la protección judicial». Junto a Leopoldo López, fueron inhabilitados otros 800 funcionarios públicos, la mayoría de ellos opositores al Gobierno de Chávez, que ahora tendrá que lidiar no sólo contra el cáncer del líder sino también contra el candidato opositor Leopoldo López en las elecciones primarias de febrero de 2012. En los hechos el gobierno venezolano ya se pronunció indicando que la sentencia es una intromisión en sus asuntos internos y hará todo lo posible para anular a los “corruptos”, lo cual significa que el totalitarismo socialista del siglo XXI mostrará sus garras e invertirá todos sus esfuerzos para anular a este candidato, como sea y con lo que sea.
Los empresarios privados, que en antaño influían notablemente en la actividad política, ahora están adormecidos, ocultos y temerosos, con miedo a tomar cualquier iniciativa que implique proteger a algún político oficialista u opositor para que defienda sus intereses. Y ese pánico ha aumentado con sólo pensar que pueden ser tildados de cómplices y quedar en la cochina calle, más sus bienes en poder de unos funcionarios inescrupulosos que administran los bienes incautados por el Estado. Según el gobierno, los empresarios privados tienen que cumplir su papel en sus empresas y no en los escenarios políticos; caso contrario, los cascabeles adheridos a sus propiedades comenzarán a sonar, alertando a los inquisidores y confiscadores del Estado.
Cualquier persona mediantemente inteligente, que ha adquirido honestamente bienes materiales durante toda su vida, tendrá que pensar veinte veces antes de tomar la decisión de ingresar en las arenas movedizas de la política. Porque el primer acto de venganza oficial contra cualquier opositor será investigar el origen de sus bienes o los procedimientos utilizados para generar sus dineros. A nadie le gusta estar bajo sospecha y que sus bienes estén en peligro. El instinto natural de seguridad y supervivencia hará que mucha gente este buen recaudo, muy alejada de esas arenas. De ahora en adelante, la persona que quiera entrar en política, y emprender con éxito la tarea de oponerse al gobierno, no deberá tener propiedades ni bienes materiales cumpliendo el perfil de un pobre gato, pero muy rico en talentos, carisma y autoridad, que es algo que todos esperamos para activar y enaltecer la confrontación política.