Ni los que incuban en sus mentes algunas ideas apocalípticas han imaginado que un virus podría desatar esta crisis económica tan grande que nunca se conoció en la historia. Como Cochabamba no es ajena a esta nueva realidad impuesta por el coronavirus, la crisis que sufriremos próximamente no la olvidaremos nunca. Entre los muchos sectores afectados está el inmobiliario, que en nuestra ciudad está capturado en buena parte por el narcotráfico, solo para lavar dinero. La primera señal de alarma se activó cuando surgieron los malos entendidos entre propietarios e inquilinos debido a la parálisis económica sufrida durante la Revolución de las Pititas.
Efectivamente, luego del derrocamiento del dictador cocalero, se conocieron las aristas de la precaria e inefectiva legislación sobre alquileres que existe en Bolivia. Desde hace 60 años que ningún gobernante ha logrado poner orden en esta actividad económica que sólo ha permitido inflar esa burbuja inmobiliaria, que en este año colapsará sin remedio. Muchos propietarios han construido edificios y casas solo para vivir de las rentas. Las cosas han cambiado para los inquilinos que se sienten incapaces para pagar esos altos alquileres, fundamentalmente aquellos que se quedaron sin trabajo o los que cerraron sus tiendas.
En esta larga cuarentena muchos han meditado su futuro como inquilinos, especialmente los que prestan servicios profesionales, como los abogados, contadores, auditores, dentistas, médicos, etc. Si antes de la pandemia el sueño era tener una oficina propia, ahora se ha revertido y se está perfeccionando la idea de trasladar el negocio a la casa y prestar servicios desde ahí. He hablado con algunos propietarios de oficinas que están razonando la posibilidad de vender sus bienes raíces, porque vivir del alquiler ya no es una alternativa cómoda. A la larga, unos se quedarán sin inquilinos y otros los conservarán pero con alquileres muy reducidos, que ya no justifican la inversión.
En este río revuelto y distorsionado donde pugnan los propietarios y los inquilinos, han aparecido los pescadores azules. Esos seres malintencionados que apuestan por el desastre colectivo solo para responsabilizar al gobierno transitorio por la mala gestión. Un diputado masista ha propuesto una ley que obliga a los propietarios a condonar o rebajar hasta en un 50% las deudas por alquileres; creando simpatía entre los inquilinos y chantajeando a los propietarios con ventajas tributarias insignificantes. Por los tortuosos pasillos de los juzgados se escucha la máxima: “siempre es preferible una mala transacción que un buen pleito”, como llamando a ambas partes para que eviten abusar de su situación y lleguen a un acuerdo equilibrado.
Antes de aprobar leyes que incendien las relaciones entre inquilinos y propietarios, lo deseable será negociar y acordar, en el mejor de los casos, una condonación de los alquileres por los meses de la cuarentena, o también una rebaja del alquiler con unas facilidades de pago o en el peor de los casos una simple espera sin rebaja alguna. Es deber de los seres racionales compartir las consecuencias negativas de la pandemia, con cooperación y solidaridad de por medio. El propietario tiene que entender la situación laboral y empresarial del inquilino, y viceversa. La única vía pasa por la firma de un acuerdo con nuevas condiciones, que no sólo salven el momento de la pandemia, sino que garanticen una relación para el futuro. Difíciles momentos se vienen, ojala que se superen pronto.
