Los impuestos son para los giles

Nos ha causado beneplácito el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Economía y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para la adecuación de las micro, pequeñas y medianas empresas que ahora tendrán que presentar información patrimonial para el acceso al crédito de acuerdo con una normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), es decir que las entidades del sistema financiero boliviano sólo otorgarán crédito a aquellos emprendimientos que se encuentren registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Fue precisamente este último martes cuando se dio este gran paso hacia la modernización de la economía boliviana y que forma parte de ese largo proceso que pretende lograr la “formalización” del sector empresarial boliviano en su conjunto. Todos pensábamos que el Gobierno había tomado en serio el propósito de consagrar el principio de generalidad y universalidad en los temas fiscales; y que por fin todos, sin excepción, teníamos que formalizar y transparentar nuestros movimientos económicos.

Pero lo que nos sorprendió a todos es que el Gobierno con una mano impulsa la formalización de que pequeños y microempresarios y con la otra mano paga facturas políticas liberándoles de sus deberes tributarios a sus aliados, como ocurrió cuando el pasado miércoles el mismísimo Ministro de Economía consensuó el proyecto de ley por el cual se libera a los cooperativistas y pequeños productores mineros del pago del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de minerales a un comercializador o intermediario, con la sola entrega de una factura sin derecho a crédito fiscal (impuestos cero). Mucho más sorprendidos nos encontramos cuando supimos este último jueves que fue presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba para la creación de un impuesto departamental del 3% sobre el total de la producción anual de la coca en el Chapare.

Esta última iniciativa libera a los cocaleros de todas sus obligaciones tributarias como por ejemplo del IVA y su deber de facturar, sin que exista una razón valedera para que los cocaleros dejen de pagar el 13% sobre sus ventas de coca, el 3% sobre cada transacción con la hoja milenaria y el 25% de sus utilidades en cada año, así como pagan todos los empresarios bolivianos que se hallan sometidos a un riguroso sistema tributario, que con estas concesiones graciosas a los aliados políticos del gobierno se está convirtiendo en un aparato confiscador de cobro violento. Para probar esta afirmación sólo basta recordar como este jueves pasado el Servicios de Impuestos Nacionales clausuraba un local de Pollos Copacabana de la zona sur de La Paz, porque un empleado no emitió una factura de Bs 10. No valió el comunicado emitido por la empresa que atribuyó a un “error humano” de su funcionario, y menos la aclaración de que la empresa siempre cumplió con todas sus obligaciones tributarias, sociales y crediticias, desde hace 27 años. Como se puede ver en Bolivia existen unas sonoras discriminaciones promovidas por el propio Gobierno, en asuntos tan vitales como pagar impuestos o desarrollar un emprendimiento.

Ya es hora que se sienten las bases para celebrar un pacto fiscal enre todos los bolivianos y bolivianas, sin excepción, porque fueron ellos que en su gran mayoría aprobaron en referendo la nueva Constitución Política que establece de modo indiscutible dos premisas básicas: primera: Todos debemos contribuir con impuestos al sostenimiento del Estado de acuerdo con nuestras capacidades económicas y segunda: Nadie puede gozar de privilegios especiales que originen desigualdades como aquellas que soportamos en el siglo pasado.

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