No ha caído bien la noticia de la creación de un fondo gubernamental de 150 millones de dólares para fortalecer y apoyar al productor agropecuario en la compra de maquinaria, la instalación de riego y la ampliación de la frontera agrícola. Dicen las autoridades que estos dineros se retirarán de los fondos de pensiones. Muchos sectores sociales se rasgaron las vestiduras tras conocer que los principales beneficiados serían los agropecuarios del oriente boliviano; y han sostenido la conjetura que estos empresarios han llegado a un acuerdo con el gobierno para generar una polémica artificial en el ruedo político nacional. De lejos se nota que el gobierno ha conquistado a los empresarios cruceños y les ha teñido de azul.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas defendió el proyecto de préstamo y sostuvo que el mejor indicador de riesgo de los sectores económicos es la mora bancaria; por lo que sus amigos agropecuarios al haber registrado una mora del 0,96%, se convirtieron en los mejores candidatos para beneficiarse de esas fuentes de fondeo. Indicó también el ministro que otros sectores, como el de comercio que registra una mora de 2,35% y el de servicios de 2%, se muestran mucho más riesgosos y poco rentables que el sector agrario. Lo que no mencionó el ministro es que el empresariado rural se constituye en un grupo privilegiado, por pertenecer al sector informal de la economía boliviana y beneficiarse de las ventajas ilegales que ha obtenido presionando no sólo a este gobierno, sino a todos los anteriores. No me equivoco si afirmo que los agropecuarios cruceños, sin necesidad de recurrir al dinero de los fondos de pensiones, en esta última década han ganado más dinero del que han percibido en los dos siglos pasados juntos.
Bajo el hipotético de que las administradoras de fondos de pensiones decidan invertir en los bonos gubernamentales destinados al sector rural y los beneficiarios sean los empresarios del campo cruceño, nos encontraríamos ante un escenario de lo más desequilibrado y extraño. No debemos olvidar que el sector agropecuario técnicamente no paga impuestos en este país, como debería hacerlo en igualdad de condiciones con los otros sectores económicos formales. Es que el Régimen Agropecuario Unificado, sistema tributario que se creó a medida para ellos, carece de toda sensatez y cordura, además de ser ilegal e inconstitucional. Pero lo más impresionante de este negocio es que los trabajadores que dependen de estos empresarios no aportan a los fondos de capitalización, y si lo hacen su magnitud es tan ridícula que no vale mencionar cifra alguna. Entonces el merecimiento para recibir ese dinero en préstamo es ficticio, más derecho tienen para acceder los empresarios y los trabajadores formales que sí pagan impuestos y sí aportan a esos fondos.
Tácitamente el ministro nos ha hecho entender que prestar dinero a los empresarios de comercio, industria y servicios, todos del sector formal, constituye un alto riesgo por el hecho de pagar impuestos y contribuir a los fondos de pensiones. El gobierno ya debería materializar el principio constitucional de la igualdad tributaria entre los bolivianos, de tal modo que cualquier empresario, del rubro que sea, pague los mismos impuestos y contribuciones de seguridad social; y en igualdad de condiciones ejerza su derecho de acceder a los préstamos de los fondos de pensiones.