Los descuidistas de palacio

Boteros, lanceros, descuidistas, cuenteros, guerreadores, tipidores, albertos, jaladores, documenteros, pildoritas, cumbreros y carreros. Estos son los denominativos que se utilizan vulgarmente para identificar a los delincuentes callejeros. Unos arrancan violentamente aretes de oro, otros venden efectos robados, hurtan sombreros, adormecen a sus víctimas para desfalcarles; pero los descuidistas y cuenteros son los que destacan para mentir, descuidar, someter a sus víctimas y encubrir en la huida a sus cómplices. Estos forajidos operan en bandas, mientras uno de los malhechores se encarga de distraer a la víctima con maniobras, los otros le extraen finamente los objetos de valor, las billeteras y carteras. El descuido es el medio y el hurto es el fin.

Con este simple argumento, a mí ya me sobran las evidencias para afirmar con certeza que en todos (léase “todos”) los ámbitos de poder, los descuidistas y cuenteros oficialistas ya están de sobra y ejecutan sus maniobras de forma organizada y coordinada. ¿Por qué me atrevo a afirmar esta conclusión? Simplemente porque el fin de estos transgresores es encubrir a los delincuentes que han usado sus influencias para celebrar contratos lesivos contra los intereses económicos del Estado, sólo para repartirse sobreprecios que han aprovechado los bandidos organizados en China y en Bolivia. Indudablemente el medio que están usando es el descuido ajeno.

A tal grado ha llegado la propalación de pistas falsas y mentiras, que los descuidistas y cuenteros están a punto de perpetrar el encubrimiento criminal más escandaloso que se ha visto en la última década. En Palacio Quemado pulula la banda que ha celebrado contratos lesivos, que se está enriqueciendo con el uso de sus influencias y lo peor, lo hacen con el dinero del pueblo boliviano, que como siempre es la víctima a la que los poderosos, que se han acostumbrado a descuidar y distraer con mentiras de baja estirpe, mientras ellos consuman delitos mayores contra el patrimonio estatal.

Por eso resulta incomprensible para un ciudadano sensato cómo el Fiscal General ha llegado a la conclusión de que el título profesional de la principal traficante de influencias es falso, si su principal labor era desbaratar esa banda organizada que comete delitos continuamente desde la principal casa gubernamental. ¿Por qué la comisión parlamentaria está más ocupada en verificar si la maquinaria china funciona o no, si su objetivo institucional es descubrir la verdad sobre los sobreprecios y las coimas para comprar esas maquinarias? Absurdo. ¿Por qué los ministros de Estado van esparciendo datos sobre los estudios genéticos del apócrifo hijo de alguien, la identidad del abogado que tramitó el certificado, del médico que practicó el parto, si por el contrario deberían ellos colaborar con el develamiento de sus colegas maniobreros que se han enriquecido? Cualquier vecino, independientemente de su falta o sobra de talento, puede estar aceptando su victimismo, porque en la semana que termina los descuidistas del oficialismo le han distraído con esa sarta de estupideces, y que con toda facilidad han alejado su atención sobre los lesivos contratos chinos y la identidad de los delincuentes que los han consentido. Por si queda alguna duda en la mente de los pobres de espíritu, este es el delito que hay que castigar; y de ninguna manera deberían conjeturar con qué engaños y seducciones una mujer de 17 años transportó sobre un catre a un adulto 30 años mayor, sólo para concebir un certificado de nacimiento. Por favor, piensen mis lectores. Piensen.

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