Los cocaleros pagarán el gasolinazo

El martes pasado el ciudadano presidente dijo que en diciembre próximo “informará” a la población boliviana sobre el alto costo que representa la subvención de los carburantes y el probable aumento de su precio. Menuda alarma se desató entre la población y los principales sindicatos de Bolivia sobre este “anuncio informativo” que lanzó Evo Morales. Contradictoriamente este jueves el Gobierno negó enfáticamente que tenga pensado o planificado modificar próximamente los precios de los carburantes; y como resulta obvio el ministro de Comunicación usó sus clichés habituales y acusó a algunos medios de comunicación por haber «sobredimensionado» las declaraciones del Jefe de Estado. Para complicar aún más este escenario, el ministro de la Presidencia, afirmó que mientras no haya un cambio en la matriz energética en el país no se puede hablar de levantar la subvención a los carburantes y disminuir los costos que provoca. A estos funcionarios les faltó incriminar a la “derecha” por inducir a Evo para que proponga la subida de carburantes.

Lo único claro, y en lo que coinciden todos los sectores, es que el levantamiento de la subvención tiene que ocurrir más temprano que tarde. El precio de la gasolina y del diesel tiene que subir, pero en sintonía con una política gubernamental que tienda a la nivelación gradual de precios de los carburantes respecto a los vigentes en el mercado internacional; porque las nivelaciones abruptas traen resultados negativos como las protestas populares, la especulación masiva y el efecto bumerán contra sus autores, como fue ya el caso cuando se emitió el desbaratado Decreto Supremo a fines de 2010 que determinaba el aumento del 73 % en la gasolina y 80 % en el diesel.

Con toda familiaridad el Gobierno debería emular las experiencias exitosas y liberales que han emprendido dictaduras mucho más férreas que la boliviana, como por ejemplo la iraní, que inició en 2010 un plan progresivo de levantamiento de las subvenciones, aumentando los precios de la gasolina a niveles del 400% hasta el 700%, sin traumas ni conflictos sociales. Copiar no cuesta nada, y mejor si el Gobierno plantea el levantamiento de la subvención con la debida anticipación, ordenando el ambiente político, aprovisionando los mercados, neutralizando la especulación e informando a la población con honestidad sobre los negativos efectos de este subsidio que ya está resultando muy desigual e injusto.

Lo peor de todo es que esta subvención escandalosa beneficia en sumo grado a consumidores que pertenecen a sectores de la economía informal que ni siquiera tributan en proporción con su capacidad económica, como es el caso de los cocaleros, gremiales, comerciantes minoristas, agropecuarios y transportistas. Ya nadie duda que durante el Gobierno del ciudadano Evo Morales estos sectores se han enriquecido de forma titánica, justamente a base de subvenciones sobre los carburantes, liberaciones tributarias ilegales, protecciones oficiales al contrabando, nacionalizaciones casi gratuitas de vehículos, entre otras franquicias que el Gobierno utiliza para corromper a los sectores afines y sostenerse inmoralmente en el poder.

Ahora más que nunca se impone la necesidad de transformar esta situación desequilibrada, y el Gobierno además de aumentar los precios de los carburantes debería agigantar la base de contribuyentes, incluyendo en el sistema tributario general a los miembros de estos sectores hasta ahora privilegiados, de tal modo que contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos en proporción a su riqueza exorbitante y en igualdad de condiciones junto con los demás ciudadanos honestos de este país. Así de simple, levantando subvenciones y sin aumentar los impuestos.

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