Para nadie es un secreto que algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) participaron activamente y durante más de una década socavando los cimientos republicanos y enalteciendo el culto a la personalidad del líder máximo de los cocaleros. Fueron estas mismas ONGs que durante los primeros años del nuevo siglo activaron las Guerras del Agua y del Gas; y con un exceso de entusiasmo propusieron liquidar definitivamente esa usanza criolla y neoliberal de hacer política, para colocar en el sillón presidencial a Evo Morales. Quiérase o no las ONGs participan enérgicamente en el diseño y materialización en casi todas las políticas que tienen una alta incidencia social y cualquier gobernante siempre desconfiará cuando estas organizaciones se entrometen demasiado en las tareas del régimen político.
Si al cocalero Evo Morales en el pasado reciente le convenía estar atado a las ONGs, ahora al Presidente cocalero le molesta el trabajo desarrollado por ellas. Sólo basta recordar que el Ministerio de Gobierno, con una maquinación memorable, desactivó en Santa Cruz un supuesto plan para asesinar al Presidente; orquestado, dicen, por grupos separatistas vinculados a ONGs financiadas por partidos europeos de derecha. Lo demás es historia y el expediente penal lleva la etiqueta de “Caso Terrorismo”. Para satanizar más el ambiente de las ONGs, esta última semana el Vicecanciller presentó un informe ante la Comisión Especial de Investigación del Órgano Legislativo en sentido de que una veintena de las 2175 ONGs que operan en Bolivia, habrían articulado la marcha indígena del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en un abierto afán desestabilizador, sólo por haber manifestado su oposición a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Para el Gobierno esta marcha no fue otra cosa que una “emboscada golpista”, justificativo suficiente para abrir un nuevo expediente penal con el rótulo “Caso Terrorismo Dos”.
Se dice oficialmente que algunas de las 182 ONGs extranjeras radicadas en el país, habrían participado de esta marcha con financiamiento de gobiernos antipáticos al líder cocalero. En suma, en Bolivia existen “ONGs malas” que no sintonizan con el gobierno y pretenden desestabilizarlo, y “ONGs buenas” que postulan acciones de interés social con un alto componente de repugnancia a todo aquello que no sea masista, cocalero, informal, comunitario, etc. Todo parece indicar que el Gobierno del MAS incrementará sus opciones de escarmiento contra todas las “ONGs malas” que, cumpliendo sus fines institucionales, han puesto en evidencia las políticas equivocadas que emprenden, sin responsabilidad, los operadores gubernamentales. Y precisamente una de estas acciones estará dirigida a regular el procedimiento que deben seguir para legalizar su funcionamiento en el país. Obviamente todas las “ONGs malas” tendrán que hacer demasiados esfuerzos para fundamentar esa propuesta de trabajo que les exigirán y que necesariamente deberá engranar con los planes de desarrollo del socialismo comunitario; y mucho más difícil será socializarlas y someterlas a la “evaluación” por los sectores involucrados, sin duda, afines al masismo. Las que logren sobrevivir a este severo proceso de selección y registro, deberán remitir un informe anual de sus actividades al Ministerio de Transparencia (¿para qué?). Las “ONGs buenas” no tendrán problema alguno en cumplir los requisitos, porque su registro está asegurado.
Este es otro escenario injusto y discriminatorio que el Gobierno ha abierto en su afán de intervenir para consolidar su hegemonía en cualquier ámbito. Se vienen días aciagos para las ONGs, especialmente para aquellas cuya eficiencia institucional genera rencor en el gobierno.