Los chóferes y el ITF: Con una mano piden y con la otra devuelven

En la semana pasada se produjo la visita oficial de los principales ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI).  Luego de su examen rutinario, entre otras cosas, ellos calificaron la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de ineficiente porque estimulaba las operaciones para evadir este impuesto a través del uso de efectivo o de transacciones «offshore» (fuera de territorio nacional).

En marzo de 2004 y antes de la aplicación del ITF; ya habíamos advertido en esta columna, que todos los gobiernos latinoamericanos que implementaron el ITF; lo hacían exclusivamente con el ánimo de fortalecer sus cuentas fiscales de ingresos para sanear temporalmente el eterno mal del déficit fiscal.

Nuestro sistema financiero puede correr el peligro, no sólo de la invasión de bancos regulados de una manera poco ortodoxa en algún país del Caribe y que generalmente promueven los “paraísos fiscales”.  Es fácil afirmar que estos paraísos están resultando muy atractivos a nuestros empresarios, como una opción para depositar su dinero y eludir el ITF.  Y lo que es peor, para evitar el ITF algunos personajes inescrupulosos están promoviendo el retorno a las famosas inmobiliarias, que en los hechos pagarán los mejores intereses y no aplicarán impuesto alguno sobre operaciones de ingreso o salida de dinero.

Como siempre el Fisco boliviano obedece al FMI; el ITF, más temprano que tarde, terminará siendo eliminado, por su nocivos efectos.  El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no verá con alegría la eliminación de este impuesto que afectará esas metas de recaudación que le permiten su propia subsistencia, por lo que tendrá que buscar los mecanismos para compensar esa pérdida.

Como el tiempo es oro, el SIN no tardó en sacar el as bajo la manga.  El que pagará esa diferencia será el auto transporte público.  Al fin, este sector será el blanco de un perseverante seguimiento por parte del SIN, donde la defraudación tributaria es parte de los códigos de supervivencia.  No olvidemos que este sector se encuentra regulado en los papeles por una Superintendencia ineficiente y en los hechos por poderosos y efectivos sindicatos, federaciones o confederaciones de chóferes; que vegetan aislados de la convivencia democrática y civilizada.  Por eso creemos que el SIN tiene el excelente propósito de que este sector cumpla con sus obligaciones fiscales y tributarias, de acuerdo a su actividad y en todas sus modalidades establecidas.

Los operativos de inteligencia fiscal desarrollados por el SIN en coordinación con el sistema de Registro Único Automotor (RUA), han comprobado un resultado sorprendente.  Teniendo identificados a todos los propietarios unipersonales de los vehículos con placa de servicio público; han realizado el cruce de información con los contribuyentes registrados con el Número de Identificación Tributaria (NIT) dentro del Sistema Tributario Integrado que conglomera a los chóferes y transportistas exclusivamente.  Grande fue la sorpresa cuando se comprobó que esos vehículos están registrados a favor de personas que en su vida han conducido siquiera un colectivo o un taxitrufi.  Hay grandes y multimillonarias inversiones en este sector que controlan poderosos capitalistas, amparados detrás de los sindicatos y federaciones.  Es verdad.

Ahora que la Ley le permite al SIN empadronar contribuyentes de oficio y asignarles un NIT, es decir sin que el contribuyente lo pida voluntariamente, poco a poco y como los granos del reloj de arena, los chóferes inescrupulosos y sus “capitalistas” irán cayendo en el saco de los defraudadores de este régimen fiscal que merece unos ajustes normativos urgentes.  De lo contrario, la vergüenza se impondrá. Si eliminar el ITF es una tarea inaplazable en beneficio de la salud fiscal; reforzar las facultades de fiscalización y control del SIN sobre estos sectores informales y alejados de la legalidad es mucho más importante.  Atraer a la gente hacia el campo de la legalidad es una tarea muy difícil, pero es un lugar donde la mayoría de los bolivianos nos encontramos, salvo algún paro, un bloqueo o una huelga que impidan la consagración del principio de igualdad ante el imperio de la Ley.

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