Antonio Patriota, canciller de la República Federativa del Brasil, llegó a Bolivia para revisar la agenda bilateral con el Estado Plurinacional de Bolivia y suscribir un conjunto de acuerdos de cooperación técnica, fronteriza y de desarrollo agropecuario. Es lo que informan la mayoría de los medios, pero lo que pocos publican es que Patriota viene por iniciativa propia y no por invitación del gobierno boliviano. Todo hacía presumir que Brasil estaba madurando la idea, pero en si esta visita, de golpe y porrazo, se convierte en el primer contacto de alto nivel entre los gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff. Son pues la mandataria brasilera y los hechos que han obligado a Morales para firmar y consensuar un compromiso irrevocable de asistencia en la lucha contra el narcotráfico que incluye un «plan piloto trilateral» con la ineludible participación de Estados Unidos, para enfrentar a las mafias que han ganado terreno dentro del gobierno boliviano y al narcotráfico que ha contagiado a los miembros de ciertos movimientos sociales que sustentan políticamente al gobierno.
La peor parte la llevará el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, cuando el lunes próximo y en la ciudad de La Paz, reciba al ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, para firmar a regañadientes el pacto de cooperación con el fin de coordinar el trabajo de la ONU en el monitoreo de la cantidad y destino de la cocaína producida en territorio boliviano, además de la represión tangible junto con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. El argumento oculto de este acuerdo sintoniza con la profunda preocupación de la comunidad internacional provocada por la negligencia estudiada del gobierno boliviano para combatir el narcotráfico y su morosidad deliberada para informar cuánto, cómo y dónde se produce la cocaína.
Irónicamente se trata de la misma agencia que fue expulsada de Bolivia por el ciudadano presidente Evo Morales y la misma que desde Chile desbarató la mafia de narcotraficantes liderada por el ex general René Sanabria Oropeza, entre muchas operaciones que se conducen desde los países vecinos. Este acontecimiento activó las alarmas antidrogas no sólo del gobierno brasilero sino del mundo entero, por la deshonesta actitud del gobierno boliviano al ocultar cualquier ligazón con este siniestro personaje, pese a que fue un depositario incuestionable de la preferencia gubernamental, cuando y hasta hace poco dirigía el Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein), dependiente del Ministerio que dirige Llorenti.
Este escenario político no es casual, sino que responde a una cadena de acontecimientos y de cambios políticos sorprendentes que se producen luego de la visita del hombre más poderoso del mundo, Barak Obama, a la dirigente más poderosa de América del Sur, Dilma Rousseff. Por ejemplo, uno de estos cambios se materializó con el voto de Brasil en la ONU a favor de investigar los abusos a los derechos humanos en Irán; y que la organización Human Rights Watch, calificó como «un gran acontecimiento». Estamos confirmando que este poderoso país sudamericano se ha convertido en un protagonista clave de la diplomacia mundial y en el actor imprescindible en la lucha contra el narcotráfico. Con la visita de los dos más altos funcionarios gubernamentales del Brasil ya deberíamos entender que este país ha decidido correr riesgos políticos en defensa de la democracia y los derechos humanos, y ante todo para desarrollar el derecho humano de vivir bien en un ambiente ciudadano libre de drogas. Lo que nadie podrá confirmar es si Evo Morales compartirá las consecuencias de la lucha internacional contra el narcotráfico, porque parece que teme salir salpicado.