Fue una semana muy divertida para los ciudadanos que condenan la rutina. Cuando los puentes de la ciudad y algunos nudos viarios de importancia están bloqueados por manifestantes de diversa índole, nos obligan a buscar vías alternativas de fuga a nuestra cotidianidad. Montar bicicleta, caminar sólo o en grupo, poner a prueba el automóvil por barrios y calles desconocidos, mirar otros ciudadanos diferentes a los que uno está acostumbrado a ver es sus rutas fijas, conocer nuevos restaurantes, en fin, todo luce diferente. No hay mal que por bien no venga, por eso un bloqueo también tiene ese lado positivo que nos aleja momentáneamente de ese automatismo de por sí muy aburrido.
Entre bloqueos y caminando por las principales vías de la ciudad, he comprobado que algunas realidades andaban muy ocultas a la vista de los ciudadanos comunes. Ocurre que un buen porcentaje de los escolares y colegiales que estudian en la ciudad de Cochabamba no viven en la jurisdicción territorial de nuestro municipio. Obviamente que los bloqueos les impiden llegar a sus escuelas y colegios, incrementando sus momentos de inercia, ocio, holgazanería o esparcimiento alegre, según se escoja. Con este hecho y desde el punto de vista administrativo queda absolutamente confirmado que el Municipio de Cochabamba está invirtiendo mucho dinero en construir y mantener escuelas para recibir a estudiantes de otros municipios. Es por el hacinamiento que han colapsado las escuelas y lógicamente cada año se requieren más establecimientos; mejor si están emplazados en el mero centro de la ciudad.
Muchos de los estudiantes itinerantes vienen de los municipios de Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba y Tiquipaya. Con razón, en aquellos lugares se sufren esos brutales procesos de inestabilidad política, que simplemente son materializados por la corrupción, organizada en mafias, que siempre quiere disponer libremente del dinero que sobra, ese mismo que debería ir a la infraestructura de educación o cualquier otro gasto público, que es cubierto por algún municipio cercano. Por ejemplo, Quillacollo ahorra el dinero en educación y lo dilapida, pero Cochabamba gasta lo que no debe para cubrir la obligación ajena. Se supone que las normas de coparticipación tributaria asignan los recursos para educación por la cantidad de habitantes debidamente censados. No resulta justo que el Municipio de Cochabamba tenga que restar recursos públicos propios sólo para satisfacer con urgencia a los estudiantes foráneos. Este calificativo puede sonar muy discriminador, pero no encuentro otra forma de mostrar esta realidad, que cuestiona la declaración constitucional que dice: “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Entonces ¿cómo la financiamos? y ¿a costa de quién?
“En la capital se estudia mejor” (mucho mejor si es en el centro de la ciudad), quizás sea el paradigma falso y encerrado en las mentes provincianas, que estimulan estas migraciones diarias de escolares y que provocan distorsiones presupuestarias insalvables en los municipios afectados. Ya debería el Municipio de Cochabamba zarandear y sojuzgar ese prototipo aldeano; que tanto daño hace a la alcaldía que recibe a esos estudiantes así como al municipio que los deja ir. Es hora entonces de repensar sobre las soluciones a este problema, que por azar y debido a un bloqueo he descubierto. Quizá para algunos esto no sea una novedad, mal por ellos, no denunciaron el dilema a tiempo y peor nos ocultaron una realidad alarmante.