Así nadie querrá ser gerente de empresa

Ha causado alarma y estupor en el sector privado que labora formalmente en este país, la publicación de la Resolución Normativa Nº 10-20-13 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que regula el procedimiento para derivar la acción de cobranza coactiva a los gerentes, administradores, directores y otros ejecutivos de empresas que no tienen el patrimonio suficiente para cubrir sus deudas tributarias pendientes de pago. El principal justificativo de esta normativa está relacionado con el hecho de que el SIN habría identificado “prácticas de personas naturales … (gerentes) … que cometen irregularidades o maniobras que dificultan a la Administración Tributaria ejercer adecuadamente sus facultades de Recaudación de los tributos”.

Los sectores involucrados ya han reclamado de modo vehemente y expreso sobre las acciones manifiestamente desproporcionadas e injustas que está utilizando el Órgano Ejecutivo; para encadenar, fatigar y apretar con la mano derecha al sector privado formal con un maremágnum de deberes formales, registros, normativas y reglamentaciones tributarias, y con la mano izquierda para dar palmadas de estímulo y aliento a los sectores afines al Gobierno, como son los productores campesinos, comerciantes minoristas, transportistas, cocaleros, cooperativistas, etc., ahora muy alejados de la formalidad y del deber de tributar en igualdad de condiciones.

Lo peor de todo es que desde abril de 2006 el Gobierno ha liquidado ese Directorio del SIN que estaba compuesto por un Presidente y cinco directores; e inconstitucionalmente también ha instruido al Presidente Ejecutivo de un Directorio que no existe que inunde de normativas tributarias con su sola firma. Estas reglamentaciones, como la determinación tributaria sobre base presunta, de intervención de empresas, de las marcas de riesgo tributario, de derivación de la acción de cobranza a los gerentes, por ejemplo, se han aprobado simplemente bajo la excusa de que se tratan de “acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia”, cuya competencia según la ley corresponde al Directorio y siempre “bajo aprobación posterior de éste” como bien dispone el Decreto Supremo Reglamentario de organización interna del SIN. Si no existe Directorio del SIN, entonces la ciudadanía sensata se cuestiona ¿Cuán ilegales o inconstitucionales son las normativas aprobadas unilateralmente por el Presidente del SIN? ¿Qué instancia está encargada de aprobarlas posteriormente? ¿Cuál es la emergencia? ¿La excepción es la regla?

Ya deberían las cámaras empresariales, los colegios profesionales, las entidades representativas, las asociaciones civiles y las agrupaciones ciudadanas legalmente constituidas, reunirse, acordar argumentos e inmediatamente impugnar estas normativas emitidas por el SIN ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (artículo 130, Código Tributario Boliviano); sin obviar la protesta pública, ordenada y civilizada para alertar a las autoridades fiscales sobre las consecuencias negativas, tanto políticas y sociales, cuando se pretende sembrar nabos en las espaldas de los contribuyentes. También deberían promover las acciones constitucionales para limitar este exceso de poder con el que actúa la Administración Tributaria para materializar, deslealmente con la ciudadanía, la mejor época de recaudaciones tributarias en la historia de Bolivia. Dicen que es mejor pecar por acción que por omisión, de lo contrario sería un suicidio colectivo si, por alguna mezquindad, prevalece la negligencia y el desinterés entre los contribuyentes formales a la hora de reclamar por sus derechos. El 24 de junio vence el plazo y el tiempo corre en contra.

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