Los abogados del diablo o de la diablada

Hemos sido testigos, después del referendo revocatorio, como la profesión de la abogacía ha expuesto sus contradicciones más deshonestas.  Especialmente, cuando aquel ministro de defensa, a sazón ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, sin parpadear interpreta las leyes para dictar un estado de sitio o abrir unas elecciones para prefectos, subprefectos y concejeros al margen de la Constitución, favoreciendo el plan de anarquía que el gobierno quiere consolidar. O el otro viceministro de justicia, letrado también, que da órdenes a la Corte Suprema de Justicia para que se inhiba de ejercer competencia en un juicio; o entregar a cualquier imputado a los movimientos sociales. O el otro ministro, ex defensor de los derechos humanos, que presume la culpabilidad de cualquier imputado, ordenando los cercos a los juzgadores para que obren en contra de la Constitución y las leyes, con el cielo como límite. Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema (por coincidencia también ex presidente del Colegio Nacional de Abogados) los magistrados y los jueces del país, como juristas, creen que la única forma de defenderse es respetar las leyes y la Constitución que ya no existen en términos reales.  Todos los personajes son jurisconsultos y afiliados a esos colegios de abogados que los unen a base de unos fines y objetivos institucionales que sirven para respetar y exaltar el espíritu de las leyes. Parece que los estatutos de estos colegios son simplemente papel mojado.

Entre tanto, los ciudadanos desconocemos o ignoramos el pacto social que nos unía, ese que constituía el único oasis del derecho, la libertad y el respecto.  El poder y el Estado ahora sirven para presumir todo lo contrario de aquello que la ley de leyes establece. El sistema democrático boliviano, gracias al proyecto constitucionalista del MAS, elaborado con el concurso de abogados, ha desfigurado totalmente los derechos de los ciudadanos y ha devaluado el concepto sobre las obligaciones civiles. Fueron los juristas que con sus interpretaciones sesgadas han abollado el espíritu de la ley, trastocando el sistema político y cuestionando el equilibrio de poderes.

Por estas razones el gobierno del MAS quiere propiciar el surgimiento de un nuevo Estado. Concientemente los abogados estatales han preparado unas bases sobre las que el contrato social excluye a los seres humanos, para sólo utilizarlos en estas épocas de anarquía y de barbarie que vivimos, que en la jerga de las revoluciones mal hechas se conoce como la temida “guerra de todos contra todos”. Alguien está ocultando los conceptos generalmente aceptados en todos los países civilizados, que describen a los ciudadanos limitando concientemente sus libertades a favor del Estado, sólo para garantizar la seguridad y el orden, y proteger los derechos de todos. Ese simplemente es el concepto de Estado de Derecho, que los letrados están llamados a defender y exaltar, como los primeros ciudadanos entre sus iguales, sobre estos temas jurídicos.

Evo Morales quiere gobernar con sus abogados y sin las leyes. Los legisladores no emiten las leyes urgentemente justas, los magistrados están impedidos de juzgar. Los ciudadanos nos negamos a obedecer, y el desorden se constituye en la regla y deja de ser excepción.  Se impuso la fuerza y se alejó la voluntad, promoviendo la disolución del Estado. Hemos caído en un río revuelto y anárquico. En fin, hay que esperar que aparezcan los jurisconsultos que restablezcan el único buen gobierno posible en un Estado: el gobierno de las leyes.

Serán pues los abogados y los colegios que los agrupan, que nos orienten y nos digan que las leyes ya no sirven en este Estado plurinacional de facto, y que los acontecimientos pueden alterar ilegítimamente las relaciones entre los bolivianos y bolivianas. El Derecho ya no existe y los letrados ya no son los de antes, sino unos pobres diablos.

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