Han estremecido las declaraciones del socialista Felipe González, ex presidente español, sobre la necesidad de convocar a una conferencia internacional que discuta la legalización de las drogas, propuesta que fue apoyada por Mario Vargas Llosa y Paolo Coelho entre otras personalidades. Los prohibicionistas en todo el mundo han pegado el grito al cielo; y especialmente en Bolivia han sobrado los pronunciamientos a favor de continuar con la penalización del narcotráfico. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, aseguró que no existe tregua en la erradicación de los cultivos de coca; por otro lado, el senador del oficialismo, Eugenio Rojas, dijo que el gobierno y los asambleístas nacionales están concentrados en el diseño de una nueva Ley 1008 para luchar contra el narcotráfico; además aseguró, con una tranquilidad envidiable, que del total de cocaína incautada en Estados Unidos y Europa, el 89 % llega de Colombia, 10 % de Perú y el 1% de Bolivia; como si de una excepción marginal se tratara, pero lo que no dijo es que el 100 % de la cocaína que inunda Chile, Venezuela, Brasil y Argentina, proviene de Bolivia
Para muchos funcionarios gubernamentales ya no puede servir como consuelo el hecho de que la única forma de luchar contra el delito del narcotráfico es impactar en la economía de los delincuentes, incautándoles sus bienes, propiedades, vehículos y avionetas. En estos tiempos modernos; tampoco sirve la premisa de que, con el mismo dinero y recursos del narcotráfico, se puede destruir este delito. Todas estas excusas resultan ridículas cuando comenzamos a revisar las cifras de la cantidad de drogadictos muertos o de los asesinatos encargados por los narcotraficantes, o la magnitud de los daños al medio ambiente que la industria de drogas está provocando en nuestra región andino-amazónica. Y lo peor, ¿cuánto del dinero incautado a los narcotraficantes ha servido para rehabilitar a los drogadictos o restaurar el medio ambiente dañado? Ni un solo centavo. Todo el dinero y los bienes incautados han servido para que un tropel de pillos oficialistas se enriquezca ilícitamente, tanto en la extinta República de Bolivia como en el naciente Estado Plurinacional.
Si el propósito es impactar en la economía del narcotráfico, el Estado debería intervenir en toda la cadena de la droga; y legalizarla, de la misma manera como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pretende intervenir en la regulación de los juegos de azar, gravando con impuestos a los sujetos que administran casas de juego y cargando con tributos a los jugadores. Sería ideal, por ejemplo, que este ministerio, sintonizando con el planteamiento de Felipe González, proponga la legalización de las drogas en Bolivia y insinúe, por lo menos, la creación de impuestos sobre la coca, otro arancel a los precursores, una tasa al tráfico; y otro tributo sobre el consumo y comercialización de cocaína. Con esta propuesta nadie, por el momento, se atrevería a afirmar que el fisco podría atiborrarse de ingentes cantidades de recursos financieros, de tal modo que se materialice ese discurso masista sobre la redistribución justa (art. 313, inc. 2, CPE), entre todos los bolivianos y bolivianas, de la riqueza que podría generar el tráfico legal de las drogas y de los excedentes económicos que produce la coca, como factor de cohesión social (art. 384, CPE). Pero ahora cualquiera podría dar evidencia de que unos pocos privilegiados, se están enriqueciendo con el fracaso de la penalización del narcotráfico y el prohibicionismo sobre el cultivo de la coca, la fabricación y la exportación de cocaína. Ya no existen excusas para dejar de entrar en el debate, porque las estadísticas nos muestran que ilegalizar las drogas está matando más gente que legalizarlas.