Las rentas destinadas están prohibidas

En días pasados se dictó el Decreto Supremo que estableció la eliminación de todas las contribuciones del 1 por mil con destino a la Asociación Deportiva de la Administración Pública, que era descontada a los funcionarios del sector público. Este es el clásico ejemplo de una renta destinada.  Otro ejemplo y otro escenario. Los maestros pasivos iniciaron una marcha exigiendo que el Gobierno descuente al sector activo el 2.5 % de su salario con destino a los fondos mutuos para incrementar sus rentas. La medida de presión se inició a pesar que esta demanda no puede ser atendida por el Ejecutivo a la luz de la ley.

Con la Ley 843 quedaron abrogadas todas las contribuciones que estaban disfrazadas como rentas destinadas, independientemente de que su beneficiario fuera un ente público o privado.  Este es un reflejo de la política tributaria boliviana que ahora el Ejecutivo cumple a medias y con doble discurso. Por un lado, el Gobierno para enfrentar a los sectores sociales con los que tiene conflictos niega, con argumentos legales, la creación de la renta destinada y por otro, en especial con los sectores empresariales promueve el cobro de estas rentas.  Es el caso concreto del aporte patronal del 2 % del total de las planillas de pago de salarios con destino al Programa de Emergencia de Subsidio a la Vivienda, que favorece a personas ajenas a la empresa y a los trabajadores aportantes.

Es muy bien sabido que los «administradores» de estas famosas rentas destinadas, por lo menos en el pasado reciente, están encarcelados, prófugos de la justicia o sindicados seriamente por haber cometido actos de corrupción indudables y probados.  También esta confirmado que el control de estos aportes en dinero son complicados y su aplicación es casi imposible en el destino especial para el que fueron creados.  Ni hablar del peaje, renta que esta destinada al mantenimiento y construcción de caminos.  Con razón la empresa CONOSUR y el SENAC discuten y disputan, sin tregua, su administración.

El Gobierno y especialmente el Parlamento, a través de la Comisión de Hacienda, deben crear las leyes de percepción de estas contribuciones especiales, como las define el Código Tributario vigente.  Será de interés nacional cristalizar el principio de que sólo ley puede crear, modificar o extinguir una contribución especial sea para el destino que fuere.  En la realidad que ofende, el Gobierno sigue persistiendo, de manera incompetente, en la misión posible de sacar dinero de donde sea y como sea, con simples decretos, desde ya inconstitucionales.

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