Extrañamente con la nueva Constitución Política el Estado ha asumido varios deberes con las micro, pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales; y entre otros está el deber de protegerlas para que gocen de preferencias en las compras del Estado (art. 334.4). El objetivo entonces es plasmar un crecimiento equitativo racional y distribuir la riqueza entre estos agentes económicos, pero con el advenimiento del masismo se observó una multiplicación exorbitante de las microempresas que entraron en abierta competencia con el sector empresarial organizado y formal, que a fines del siglo pasado fue abiertamente cuestionado por concentrar la riqueza en las manos de unos cuantos privilegiados.
Es este sector de los microempresarios que está ahora muy aliado con la informalidad y la clandestinidad. No elaboran documentos contables, menos planillas salariales, desconocen las normas básicas de seguridad laboral, no aplican reglamentos internos de personal, sobreexplotan hasta la muerte a los más pobres y a la gente del campo; y por si fuera poco están explícitamente defraudando tributos y parcelando los contratos con el Estado a la usanza de los operadores más corruptos del siglo pasado.
Encubiertos detrás del noble propósito social de lucha contra la pobreza, algunos personajes aviesos han constituido sus microempresas y ahora están campeando y merodeando en todos los ámbitos estatales y niveles administrativos para aprovecharse de esas preferencias en las compras estatales reconocidas en la Constitución Política. Para muestra un botón. La renuncia del subalcalde de la Comuna Adela Zamudio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ha desabrochado un escándalo que señala directamente a las microempresas que se hicieron cargo de la reparación del alcantarillado en la ciudad.
La ciudadanía sólo ha visto este último tiempo algunas calles con surcos abandonados y obras inconclusas, pero aparentemente con la renuncia del funcionario se habría solucionado el problema. Lo que trajo mayor preocupación fue la declaración del subalcalde regañado: “He decidido renunciar. Estoy pagando por no aceptar cuoteos”. ¿A qué cuotas se refiere?, ¿si él se fue por no cuotear, entonces el próximo subalcalde viene a cuotear?, ¿qué significa cuotear? En lenguaje simple significa “repartir una cantidad entre varias personas, según la parte que proporcionalmente toca a cada una”. Sin duda que este significado no tiene una interpretación distinta en la jerga que se usa en el ámbito de las compras y las obras municipales. Suponemos que, salvo mejor opinión de algún experto, tácitamente el subalcalde renunciante quiso decir que no repartió obras entre microempresas afines con algún personaje oculto.
Los ciudadanos ya hemos advertido la existencia de una tramoya corrupta que es necesario destruir desde la raíz. En esta tarea deben unirse, no sólo el Alcalde y los Concejales, sino también la Contraloría General del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad de Regulación y Control Social de Empresas. Es vital, ahora más que nunca, fiscalizar hasta la médula y los escrúpulos de los propietarios y socios de estas microempresas, porque simplemente se han enriquecido cobrando ilegítimamente recursos públicos por obras mal ejecutadas y apropiándose de dineros fiscales al defraudar tributos y contribuciones sociales. Hay que terminar con este ámbito de competencia desleal e ilegal que se ha tornado tan irresistible para muchas empresas formales que ahora corren el riesgo de contagiarse con estas prácticas astutas y delincuenciales.