Las autonomías y el impuesto a la coca

Todos los gobiernos, en 20 años y con la Ley Nº 843, conservaron la línea de mantener unos impuestos de dominio nacional y otros de dominio municipal. Ahora es necesario revisar la Constitución Política del Estado para “recordar” que el Parlamento tiene la atribución, quizás la obligación, de crear también impuestos departamentales, que en los hechos no existen.

Las rentas “nacionales” recaudadas están sujetas a una coparticipación tributaria, donde las universidades se benefician con una tajada que alcanza al 5% y los municipios con un 20%.  Los prefectos recientemente elegidos, no tienen participación en la torta fiscal, y por eso claman más y nuevos recursos para realizar obras en sus respectivos departamentos.  La forma idónea para asignarles caudales frescos es creando nuevos ingresos a través de impuestos de dominio y recaudación prefectural.

Cochabamba por siglos ha sido el mayor productor de coca y hasta hace  50 años cobraba jugosos impuestos sobre el consumo de la hoja.  Por ejemplo: allá por el año 1948, el gobierno introdujo un impuesto especial para gravar los tambores de coca que llegaban a Tarija o transitaban hacia la República Argentina en beneficio de la universidad de esa ciuedad.  En nuestros tiempos, sólo la idea de «reinstaurar» un impuesto sobre el comercio o el consumo de coca con destino a las prefecturas es horrorosa.  El paradigma de defensa de la coca uniformado por Evo Morales impide cualquier elucubración al respecto, y de hecho se convierte en algo absurdo.

El presidente de los bolivianos ha impedido por todos los medios que se elabore un estudio de mercado para saber cuantos bolivianos consumen coca. Gravar el consumo o el comercio de la hoja con un impuesto específico, basándose en datos estadísticos claros, convertiría a los acullicadores bolivianos y extranjeros en contribuyentes y, a futuro, en beneficiarios directos con el desarrollo departamental. Hoy, y sin exención legal, los productores y comercializadores de la coca no pagan impuesto alguno, pese a que están obligados a pagar el IVA y el IT, entre otros tributos, por las ventas habituales en los mercados de la hoja.  Así es que el comercio de la coca se ha convertido en un negocio redondo.

Para el gobierno ha dejado de ser importante ampliar el universo de contribuyentes y mejorar la cultura contributiva.  Desde que en 1986 se sustituyó el poder fiscal de los departamentos por el poder fiscal del gobierno central, se ha permitido que el TGN se convierta en un gigante codicioso cuando redistribuye los ingresos tributarios hacia las prefecturas.  El impuesto sobre la coca o cualquier otro de carácter departamental es imprescindible, siempre en cumplimiento de la atribución constitucional del Legislativo para crear impuestos.

Ahora el prefecto de Cochabamba tiene una alternativa, para que no tenga que recurrir en el futuro a asignaciones presupuestarias enclenques o a préstamos impagables al TGN.  Por el momento, el prefecto Manfred Reyes que se olvide del impuesto sobre el consumo de coca, pero que no deje de pensar en otros impuestos que beneficien directamente a Cochabamba.

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