El día de mañana toda la gente honrada que tienen algo de confianza en sí misma y que cree en el esfuerzo individual para convertir en realidad cualquier sueño, marchará rumbo a colina de Cota para ofrecer sus mejores virtudes teologales a la virgen de Urkupiña. La mayoría del pueblo modesto comprará las alegorías de títulos de propiedad, las miniaturas coloridas que simbolizan lotes de terreno, casas, techos, edificios de 3 o 6 pisos; además de los papelitos que tienen inscritos planos de construcción, contratos hipotecarios, como queriendo materializar y exaltar, de forma mágica e inmediata, su más intimo derecho a la propiedad privada sobre algún inmueble. Como se trata de una muchedumbre de almas, también participarán los convictos y los criminales para pedir días mejores y más honorables. Pero no participarán los que tienen en mente alguna forma de expropiar al vecino o tomar delincuencialmente sus tierras, quitarle inmoralmente sus casas; y sin esfuerzo alguno hacerse de cualquier lote de terreno. Estos personajes han escogido otros santuarios y otros divinos oficiales para lograr sus funestos sueños inmobiliarios.
Es que la virgen de Urkupiña está metida en la médula del espíritu emprendedor boliviano; que ni el más fuerte afán oficialista podrá dislocar esa profunda fe y separarla del esfuerzo individual para lograr quimeras. Serán, pues, los fieles de Urkupiña los primeros soldados en esa guerra santa por la defensa de los inmuebles urbanos que el oficialismo ha llamado de forma precipitada y que de seguro la perderá. Si las guerras del agua y del gas marcaron los grandes cambios sociales y políticos de nuestro país en la primera década de este siglo, parece que la guerra de los inmuebles urbanos definirá la realidad social de la segunda década. El detonante fue el proyecto oficial de ley de regularización de la propiedad urbana, que sí existe, pese a las negativas sordas del gobierno y su audacia encubierta por mantener desinformada a la población y provocar un ambiente malsano de confusión, de tal modo que el proyecto de ley siga su curso por las sombras. Lastimosamente se alertó a la inmensa población boliviana que es propietaria de inmuebles en las ciudades, incluidos los masistas y las masistas que se pudieran ver afectados con semejante proyecto colectivizador y expropiador.
Pero algo ha tenido que ocurrir y ha alertado al gobierno para paralizar este proyecto de ley. Todo parece indicar que la principal razón está ligada con la purga interna de filas masistas que ha emprendido el presidente Morales, para deshacerse de esos delincuentes intestinales que están mandando el proyecto masista del cambio al tacho. Por eso él está concentrado en liquidar a los cabecillas de los movimientos de “toma tierras”, “toma lotes” y otros afines, que estaban diseñando poderosas empresas inmobiliarias del socialismo comunitario; y liquidar así el valor liberal del esfuerzo individual y sacrificio personal para adquirir cualquier bien. Estos sectores abusivos y oportunistas estaban armándose detrás de las famosas organizaciones territoriales del base (OTB´s) para distorsionar el concepto del “control social” y satanizar los inmuebles en las urbes que supuestamente no cumplan una función económica o social. Por eso; ahora y antes de discutir cualquier ley, el pueblo honorable tiene derecho a participar de la discusión de la ley del Control Social, de tal modo que la sociedad civil organizada actúe como tal y no como un instrumento de líderes de bandas de asaltantes creadas para enriquecerse, muy lejos de los valores de honradez y decencia que la población boliviana ha colgado en la corona de la virgen de Urkupiña, y que ella los ha recibido, sin querer, para ser la abanderada en esta guerra tan anunciada y miserable.