Los servidores públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), con actitudes absolutamente contradictorias, han activado la consigna para sumar a todos los bolivianos y bolivianas en el régimen general tributario. Pese a que estas gestiones no han resultado tan positivas, se nota que ya existe la voluntad política para encarar la liquidación definitiva de los regímenes especiales. Por esto es que el transporte pesado decidió bloquear caminos este lunes y radicalizar su posición con medidas de presión en protesta por la reducción del crédito fiscal en las facturas por la compra de combustibles subvencionados. También los comerciantes minoristas y callejeros han prometido comenzar, el día martes, la movilización con “el cierre total de los mercados y bloqueos esporádicos” si continúa la presión fiscal para incorporarlos al régimen general. En cambio y contra natura, los carniceros lograron un escaso acuerdo con el Gobierno, que les ha garantizado su continuidad en el régimen simplificado.
Lo que el Ministro de Economía ya debería hacer es materializar los principios de la política fiscal consagrados en la nueva Constitución Política del Estado y consolidar la igualdad de todos los agentes económicos ante la ley tributaria, sin privilegios ni regímenes especiales que distorsionen la realidad económica del país. No le costará pregonar de forma insistente los principios de la capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, que deben regir las relaciones económicas de todos los bolivianos sin distinción o discriminación (art. 323, parágrafo I, CPE).
En las tres últimas décadas, una inmensa mayoría de los contribuyentes del régimen general han ido soportando y tolerando con broca como los gobiernos de turno, con una mano le han cargado con fuertes impuestos, deberes formales, libros contables, registros obligatorios, módulos y formularios informáticos, procesos de fiscalización, clausuras y otros inacabables deberes; pero con la otra mano han estimulado a los gremiales y minoristas con incentivos y permisiones inmorales traducidas en un simple papel que se presenta cada tres meses, sólo por la utilidad del pacto político. Entonces ha llegado la hora de resolver esta conducta odiosa y desequilibrada. Nada más cabe apoyar las acciones de control emprendidas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en procura de consolidar la igualdad y la universalidad de todos los contribuyentes bolivianos ante la ley.
Este es el momento ideal para que, en un acto de altruismo patriótico, el MEFP, así como el Viceministerio de Política Tributaria, presenten ante la ciudadanía los instrumentos normativos que consoliden la liquidación definitiva de los regímenes especiales tributarios y así se permita el tránsito ordenado de estos contribuyentes al régimen general, estableciéndose incentivos tributarios para aquellos que demuestren de forma veraz una limitada capacidad económica y contributiva. Es también hora que, tanto el SIN y la ANB, simplifiquen el sistema tributario nacional; también promuevan la sencillez administrativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los deberes formales de los contribuyentes, de tal modo que todos los bolivianos y bolivianas estén inscritos en el régimen general tributario; y sea a partir de ahora que todos cumplan; sin excepciones, universalmente y en igualdad de condiciones, con su deber de tributar en proporción a su capacidad económica (art. 108, inc. 7, CPE). Cualquier excusa que se oponga contra esta misión resultaría inmoral y viciosa.