Impuestos para todos y por igual

La nueva Constitución Política del Estado establece la obligación de que todos los bolivianos, sin excepción, tienen que contribuir en proporción directa con su capacidad económica; y en ese sentido la Asamblea Legislativa Plurinacional la semana pasada ha aprobado la Ley de Clasificación de Impuestos en cuyo texto se ha introducido el principio de la proporcionalidad y la universalidad en la creación de tributaciones por parte del gobierno central y los gobiernos locales autónomos. Es decir que la universalidad tributaria al estar consagrada legalmente no otorga excusa alguna para que determinado sector pobre o rico se excluya del deber de contribuir. No es novedad que este principio de la universalidad ha tenido una aplicación muy tibia y elástica durante los últimos 50 años; sabemos también que ha servido para que los gobernantes y sus opositores políticos concreten alianzas y negocien parcelas de poder con determinados sectores económicos.

En Bolivia se ha apostado y aún se juega con los impuestos para sostener unas castas favorecidas que han medrado entre la política y el delito por bastante tiempo. Es el caso de los cocaleros siempre vinculados, directa o indirectamente, al narcotráfico; los comerciantes minoristas atados al contrabando, los transportistas y los empresarios agrícolas, que juntos se han convertido en un clan favorecido que ha disfrutado de unos incrementos portentosos en sus ingresos y ganancias lejos del principio de la igualdad tributaria. La carga efectiva de impuestos o la presión fiscal sobre estos grupos económicos predilectos son absolutamente nulas, y todo gracias a los recortes impositivos del pasado y la abundancia de las exenciones fiscales esparcidas entre estos ámbitos de la economía informal. Entre tanto, el boliviano o la boliviana de las clases medias apenas tiene lo necesario para sobrevivir y, lo peor, ahorrando para pagar impuestos y renunciar a vivir bien.

Si el ciudadano Presidente no se cansa de exaltar el socialismo que encarna y la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres de este país, ya debería reconocer que resulta intolerable la existencia de pandillas elegidas con ingresos altos y desmentidos que aún no han ingresado al régimen general tributario. El escándalo de la nacionalización de más de 100.000 autos indocumentados, el incremento depravado del narcotráfico, la legitimación de ganancias ilícitas por parte de la aristocracia campesina, entre otras arbitrariedades, han dado la señal de que este tipo de abusos de poder debe acabar; así como deben terminar las excusas gubernamentales para dejar de cumplir la Constitución Política del Estado.

Ha llegado la hora de concretar, con buena letra y sobre el papel, un pacto fiscal entre todos los ciudadanos y las ciudadanas, más los gobernantes, para incorporar en el régimen general de impuestos a los predilectos del oficialismo; de tal modo que las obligaciones tributarias sean verdaderamente generales y universales, vinculando a todos por igual. Es también hora de descargar de las espaldas de la clase media esa dolorosa responsabilidad de ser la única y exclusiva responsable de sostener la economía boliviana. Todos estaríamos dispuestos a pagar impuestos y aceptar el sacrificio si supiéramos que los sectores privilegiados son los primeros en hacer cola para contribuir con dinero para el sostenimiento de los servicios públicos. Estamos seguros que los grupos aventajados entenderán, al fin, que el destino del país está en esa línea, así como complacería al país entero que sus servidores estatales se han renegando de esas discriminaciones odiosas entre quienes deben pagar impuestos obligatoriamente y aquellos que estando obligados, se ocultan bajo el ala protectora del poderoso. Por esto, hay que tener mucho cuidado con los que están esperando pacientemente una respuesta a estas injusticias y que legítimamente podrían actuar con furia suicida contra aquellos que les discriminan.

error: El contenido textual de gonzalesyaksic.com está protegido en Bolivia por la Ley Nº 1322.