Los jueces y el descalabro anunciado

Ha quedado como un enunciado lírico la garantía constitucional que se ofrece al ciudadano y la ciudadana para que ejerzan el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115, parágrafo II, CPE), y estas características que deberían dar lustre a la justicia boliviana se han alejado totalmente de los marcos de la racionalidad en la semana que termina. La mora judicial aberrante tiene como muestra el caso de los familiares de las víctimas de Octubre Negro, que se declararon en vigilia exigiendo una sentencia contra los acusados. Ellos denunciaron “una estrategia de dilación”, porque el presidente del Tribunal ha renunciado para postularse a elecciones judiciales, además que la Corte Suprema debe ingresar en vacación anual, lo cual también aplazaría aún más el proceso. Otra muestra de la sospecha permanente que pesa sobre los magistrados se dio cuando este alto magistrado tuvo que explicar su desvinculación total del hecho criminoso que envolvió a su sobrina política luego de cuatro días de estar desaparecida, sin que se haya aclarado, hasta ahora, si se trató de un secuestro o un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Ha servido de mucho la aclaración que realizó el alto magistrado, pero no ha quedado duda alguna que el Órgano Judicial está fuertemente penetrado por los clanes delictivos, después de saberse que el viernes pasado una jueza fue enviada a la cárcel de La Paz acusada por montar, desde su oficina judicial, bandas de asaltantes y atracadores internacionales que la Policía había desarticulado con un alto costo y mucho esfuerzo. Estas circunstancias malsanas se multiplican y complican dentro del Órgano Judicial también debido a las luchas domésticas que libran cada día sus operadores,  como fue aquel espectáculo que han provocado jueces y fiscales en la ciudad de Cochabamba, a raíz de una solicitud para que se congelen las cuentas bancarias y confisquen otros bienes de un conocido clan acusado del delito de enriquecimiento ilícito con dinero del narcotráfico. La jueza del caso se excusó para atender ese proceso, denunciando a su vez manipulaciones de los fiscales que están dirigidas a lograr su destitución.

Con todas estas muestras y otros escándalos irremediables, ya no queda duda que el Órgano Judicial está pasando por el peor momento de su historia. Existen dilaciones procesales absolutamente inexplicables, la mora judicial ya es insostenible, así como es insoportable el adormecimiento de la justicia como efecto de la presencia de aviesos delincuentes, dentro y fuera de lo judicial, y esas luchas intestinas que dicen mal de los profesionales. Lo peor de todo es que las elecciones de magistrados no solucionarán en absoluto este profundo desastre que aqueja al Órgano Judicial. Sólo basta confirmar que los postulantes a autoridades judiciales no han demostrado la suficiente preparación académica y menos los asambleístas que los entrevistan han definido los criterios técnicos para apreciar a los candidatos en su real valía.

Todo parece indicar que sólo el voto popular ayudará a designar unos magistrados insignificantes que simplemente sean la boca que pronuncie o repita mecánicamente la letra muerta de la ley, siempre ajustada al desengaño. La mediocridad que contagia a la mayoría de los candidatos ha definido el perfil de los futuros operadores de justicia que solo sabrán o manejarán las normas legales en la sombra del anonimato, como si fueran autómatas vigilados para socorrer lo autoritario y lo criminal. El Órgano Judicial está en caída libre y precisamente el lunes 7 de octubre próximo veremos cómo se estrella con la inclemente realidad. Esta es la crónica de una desilusión anunciada, entretanto el país entero se asfixia en medio de la ruina judicial.

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