Gonzales sin RUC

Días atrás y en una pizzería de la ciudad se produjo este dialogo verídico:

  • «¿Necesita factura?» Preguntó la cajera.
  • «Sí. Gonzales, sin RUC. Por favor.» Acto seguido y sin temor, la cajera escribió en la factura: “GONZALES SIN RUC”
  • «¿Tiene RUC?» Insistió la señora.
  • La respuesta obvia: «No.» Y trazó intuitivamente una línea horizontal en el espacio reservado en la factura para el número RUC.

Este incidente tan ocurrente obliga a razonar sobre el registro de contribuyentes que administra actualmente el SIN.  El verdadero problema que ocasionó el hundimiento y el colapso fiscal del registro tributario para las personas naturales, fue que el RUC se mostró absolutamente vulnerable ante los diestros defraudadores que obtuvieron varios registros con la misma cédula de identidad (CI), o varios registros para una persona con varias «identidades».  Otro factor que provocó el desmoronamiento del RUC fue la ausencia de capacidad técnica en el SIN para evitar la utilización fraudulenta de domicilios falsos e inexistentes.

El RUC ha fracasado.  Pese a esta realidad, el SIN ha pregonado el nacimiento del sustituto Número de Identificación Tributaria (NIT) que será asignado a las personas naturales con el mismo número de su CI. La eliminación del RUC está proclamando, sin querer, la inevitable llegada del impuesto a la renta de las personas naturales, con o sin la reincidencia en los hechos aciagos de febrero pasado.

El Ministerio de Hacienda aún no ha reparado en el origen de la aniquilación de cualquier registro de personas en Bolivia que simplemente radica en el nefasto proceso de entrega de la CI a cargo de la Policía Nacional.  Mientras las cédulas sean registradas y expedidas por una institución tan poco transparente, el destino del NIT será el mismo que soportó el RUC.  Por eso, el Estado tiene el perentorio deber de desvincular estas actividades netamente ciudadanas y civiles, como es la identificación personal, de las instituciones policiales o militares, que deben prestar servicios de otra índole, siempre relacionados con el orden público y la seguridad interna.  Así sea, pero ………. ¿Por qué la Policía Nacional tiene que decidir el futuro de un registro tan importante como el NIT?

En 1998 el Congreso Nacional, mediante Ley 1864, creó el Registro de Identificación Nacional (RIN) como entidad pública descentralizada, cuyo objeto era «disponer de un sistema de identificación personal y proporcionar un documento de identificación único, seguro y confiable a toda la población nacional» (sic). El RIN debía tener un directorio compuesto por cinco miembros de instituciones del Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística. Esta fue la mejor receta para salvar a los registros de personas en el país, pero la receta del gobierno del General Banzer fue otra: negoció con la Policía Nacional.  Tan poderosa institución, en ese entonces, impidió y estorbó con todos los medios, nobles e innobles, la transferencia al RIN de los activos, archivos, información y bases de datos del Registro Unico Nacional (RUN) y del Servicio Nacional de Identificación Personal. Aún hoy queda fresca la imagen de las siamesas iraníes, recientemente fallecidas en una complicada cirugía se separación. Justamente esa imagen evoca el modelo de que la Policía Nacional y la CI no pueden vivir separadas.  Llegó la hora de aplicar una simple cirugía para anular la CI y utilizar el NIT en cualquier trámite.

No olvidemos que la CI, como servicio individualizado, tiene un precio que pagan todos los ciudadanos a través de la tasa respectiva.  Lo recaudado por ese concepto se deposita en alguna cuenta de la Policía Nacional, y de esa cuenta desembolsaron, ad libitum, algunos jerarcas corruptos de esa institución; y que, por coincidencia, ahora están perseguidos por apropiación indebida de esos mismos fondos.  Si el NIT dependerá de la CI, su agonía esta asegurada antes de su nacimiento.  Para confirmar la regla sólo queda mirar los cadáveres del RIN, el RUC, el RUN, el NUA que administran las AFP´s, el padrón electoral y otros.

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