Estado de Derecho camuflado

Las armas, los explosivos y los trajes camuflados de combate han saturado los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas. El martes pasado se conoció, muy tangencialmente, la nota que vincula (supuestamente) al diputado Feliciano Begamonte con la entrega de dinero para la compra de fusiles que serían posteriormente utilizados por los movimientos sociales en la toma violenta de una mina. Esto ocurrió el año 2008, y se trata del mismo diputado que, junto con el actual Presidente de la Cámara de Diputados y a mediados del año 2006, se reunieron en Cuba y España para apoyar el trabajo del brazo político de ETA que es Batasuna, un partido ilegalizado en España por sus vínculos terroristas. Esto ya esta olvidado, como también las relaciones internacionales y formales que Evo Morales sostiene con Irán, el país que organiza y financia a Hezbolá, el grupo terrorista radical que opera inhumanamente en medio oriente. Por otro lado, nadie recuerda el pedido de Chávez, apoyado por el presidente boliviano, para que se anule la sindicación internacional de terrorismo que pesa sobre las FARC.

Cuando el MAS se vincula oficialmente con los agentes terroristas internacionales o abate física y extraoficialmente a los terroristas que presume así son; no sólo quiere infundir miedo sobre los bolivianos, sino mucho terror, pero ese terror de Estado que es el peor. Es ya una política de Estado el desarrollo del sentimiento de miedo en su escala máxima sobre los bolivianos honestos. El MAS quiere que actuemos oprimidos por el terror, y no podamos controlar nuestros cerebros, menos podamos pensar para defendernos. Con lo ocurrido en el Hotel Las Américas, los agentes antiterroristas de elite tienen licencia para operar con los ojos vendados, y sindicar, presumir conjeturas, crear historias, tergiversar sin límite, apretar el gatillo, enjuiciar y liquidar sumariamente a cualquiera (redundamos: “a cualquiera”). Esto es grave y provoca miedo.

Es también con los cercos, los arrestos sumarios, el traslado ilegal de detenidos, la movilización de tropas, la denigración en los recintos penitenciarios, la toma de tierras, la explotación de las diferencias raciales y sociales, la colisión provocada oficialmente entre lo campesino y lo urbano, el ataque a lo religioso, que se están consagrando las estrategias  para engendrar terrorismo de Estado. La Constitución Política del Estado (CPE) rechaza y condena toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo (art. 255, parágrafo II, inc. 2, CPE) esas lacras del siglo XX, pero extrañamente no existe una condena expresa contra el terrorismo, que es la gran plaga mundial del siglo XXI. Nos dijeron que era una CPE avanzada y adecuada al nuevo milenio, pero sus creadores y promotores sólo nos atemorizan exponiéndonos a prácticas inconstitucionales, tácticas forzadas y amenazas; y así será que la aterroriza población civil boliviana, en cualquier momento, termine aceptando las condiciones innobles que las dictaduras imponen.

Sólo nos queda reiterar lo que ya dijimos desde esta columna hace años atrás: El gobierno tiene que proponerse públicamente dejar de diseñar el terror y promover actos de violencia desde Palacio Quemado. Mejor si el gobierno, con la misma vehemencia con la que combate el terrorismo, se desvincula de los grupos terroristas que deambulan por los pasillos de las oficinas públicas. Es ahora cuando se hace necesaria la vigencia del verdadero Estado de Derecho y el imperio de la ley, justamente para no sufrir cuando estemos aterrorizados por haber perdido estos valores.

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