Hace pocos días el único gobernador del Estado Plurinacional ha emitido el Decreto Supremo Nº 77, que dispone el levantamiento de la confidencialidad tributaria de los contribuyentes de este país. Ahora la información tributaria, especialmente sobre los adeudos en mora o los ilícitos tributarios de cualquier contribuyente, debe ser entregada por las Alcaldías, Prefecturas, el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, a cualquier institución del Órgano Ejecutivo, con sólo un requerimiento. Este hecho en definitiva implica un retroceso sideral en la consagración de los derechos de los que tributan en este país, que por desgracia son únicamente de las clases media y empresarial. Basta recordar la forma depravada con la que actuaban los políticos demócratas de fines del siglo XX, usando y abusando de los datos fiscales de sus opositores, con el fin de anularlos o desprestigiarlos públicamente. Costó mucho superar este trauma y colocar al país en un escenario moderno.
En agosto de 2003 se había logrado ubicar la confidencialidad tributaria sólo en la órbita de quien debe el impuesto y la administración que lo cobra, quedando prohibido que otras instituciones o autoridades tengan acceso. Después de este Decreto Supremo, por ejemplo, las autoridades públicas de control de aeropuertos o las que fiscalizan la inocuidad alimentaria pueden pedir información sobre qué tributos uno adeuda. Pero en realidad el único argumento válido para justificar esta arbitrariedad, sólo nos conduce a las oficinas de los organismos subalternos de control político e inteligencia gubernativa de Palacio Quemado, que necesitan esa información para perseguir, detener y enjuiciar sumariamente a los prefectos, políticos opositores, líderes cívicos y, en definitiva, a los simples ciudadanos.
Lo que se procura, con absoluta inmoralidad, es criminalizar, coaccionar y presionar fiscalmente al enemigo, desde flancos insospechados. Doblemente escandaloso si quienes ahora gobiernan nunca pagaron impuestos y menos se inscribieron en los padrones fiscales de este país. Son ellos, los eternos evasores, disfrazados como cocaleros, minoristas, campesinos, informales y frustrados políticos del pasado, quienes ingresaron por la puerta ancha al gobierno y ahora tienen la facultad para romper la confidencialidad y conocer con omnipotencia la situación tributaria de los demás.
La regla nos muestra un Estado Democrático de Derecho, donde prima el principio de la universalidad y todos pagan sus impuestos, además de estar registrados para contribuir; y mejor si se trata de un país civilizado que sea gobernado por aquellos que sufragan sus tributos proporcional y efectivamente. Pero Bolivia es la excepción, como siempre alejada de la modernidad. Aquí se permite que el evasor, el contrabandista y el defraudador gobiernen y controlen los impuestos de quienes sí los pagan. Se debe revertir este asqueroso ambiente y conducir la fiscalidad tributaria del Estado Plurinacional basada en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Parece que le constará demasiado a Evo Morales cumplir el art. 323, parágrafo I, de su propia Constitución Política del Estado; y aquí radica su punto vulnerable, justamente el talón de Aquiles que muchos buscaban.
