En el mundo del narcotráfico la verdad varía

El Vicepresidente, Álvaro García, en una conferencia de prensa el jueves pasado y con un semblante muy almidonado, pidió al Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que deje “su soberbia” y pida públicamente disculpas por haberle injuriado cuando fue sindicado de recibir dinero del narcotráfico, también le pidió que se retracte de esta infamia, ya que se trata de una acusación que no corresponde con la verdad. A cambio anunció que con “mucha humildad” retiraría el juicio por desacato que inició contra el Gobernador. El viernes y sin indolencia, el funcionario cruceño ratificó su denuncia  y confirmó que no le pedirá disculpas, porque sencillamente no se arrepiente de haber dicho la verdad.

Para complicar más la acusación salió a relucir el hecho de la condena de 14 años inexorables en la cárcel que recibió el general René Sanabria, hombre fuerte del masismo en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, por haber asumido el papel de líder en la confabulación ilícita para exportar droga boliviana a EEUU y por haberse declarado culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía norteamericana, para evitar la condena máxima de prisión perpetua, previa entrega a la DEA de toda la información sobre los fabricantes, traficantes y encubridores bolivianos. Esta es la punta de un infinito iceberg de pruebas que complican al Gobierno y que Rubén Costas parece que utilizará con todo ímpetu en caso de que el masismo pretenda derrocarlo y destituirlo.

La peor nota la materializó el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, al decir que si el Gobernador cruceño no quiere disculparse públicamente, debería confirmar y probar las denuncias que hizo en contra del Vicepresidente. Este pedido de confirmación nunca debió haber salido de las esferas gubernamentales, porque ha reforzado la posición del Gobernador y se le autorizó ejercer sin límite esa facultad que le corresponde al acusado de un delito de injurias de probar la realidad del hecho que ha imputado a otra persona, lo cual le puede eximir de pena. Con la venia del Gobierno, Costas tiene vía libre para probar sus acusaciones, así como tiene el poder de decidir si lo hace ahora o cuando mejor le convenga; pero por un acto de responsabilidad con la opinión pública esto debería ocurrir lo más pronto posible.

Con el desmesurado desarrollo industrial que ha alcanzado el narcotráfico en nuestro país, el Gobierno debería sentirse «satisfecho» negando a voz en cuello la vinculación con el narcotráfico de cualquiera de sus funcionarios o los militantes del MAS; porque ha de resultarle demasiado caro si algún masista pide pruebas de los vínculos delictuales de los funcionarios del propio Gobierno con el narcotráfico, lo cual en los hechos podría conducir al partido oficialista a un suicidio masivo. Qué pena que el senador Martínez haya pedido una confirmación de las acusaciones porque será la mismísima DEA que se encargue de colgar congojas y pesadillas en el arco del triunfo del proceso de cambio. Esto demuestra que en el Gobierno se olvidaron que el general Sanabria sí hablo e involucró con voz alta a personajes bolivianos en el narcotráfico y cuyo anonimato, como resulta obvio y por el momento, es la reserva patrimonial más preciada de la DEA norteamericana; y quién sabe el clavo que le faltaba al Gobernador cruceño para asegurarse en la silla e impedir su derrocamiento.

Hemos llegado a un estado de cosas en que la palabra narcotráfico ha provocado serias variaciones en la verdad misma y de esto sí que saben los cocaleros del Chapare, convertidos en principales patrocinadores del actual Gobierno. Pero la única verdad es que la democracia boliviana está administrada por el narcotráfico; y esto debe variar por el bien de todos.

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