Ha circulado en las redes sociales el audio de un tipo con acento argentino y que sienta la denuncia de una situación irregular en la materialización del proyecto de instalación de la línea de alta tensión para transportar energía eléctrica desde territorio boliviano hasta Tartagal, en la provincia argentina de Salta, con un costo de 60 millones de dólares.
Este proyecto sería ejecutado a través de una subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad constituida en Argentina y con capitales del Estado boliviano. La empresa se denomina Ende Transmisión Argentina S.A. y se fundó sobre la base de un directorio conformado por un bufete de abogados argentinos, que después fueron sustituidos por servidores públicos bolivianos, entre ellos un viceministro de energía y el embajador de Bolivia en Rusia.
La Ley Nº 466 de la Empresa Pública permite este tipo de emprendimientos e inversiones públicas en territorio extranjero, bajo el “precepto orientador” de que las empresas públicas tienen que fortalecer sus capacidades exportadoras de excedentes y parece que Bolivia está generando los sobrantes necesarios de energía eléctrica para destinarlos legalmente al mercado internacional.
Pese al sinfín de conjeturas y suposiciones que las redes urdieron sobre la corrupción pública y la ilegalidad de este emprendimiento boliviano en territorio argentino, lo que ya no resulta extraño es que en cualquier negociación internacional que se consolida bajo las órdenes del jefe indio del sur, siempre resaltan esos sorprendentes conflictos de intereses con los capitalistas afines a su gobierno socialista. Es el caso de dos empresas domiciliadas en Santa Cruz que fueron convocadas directamente para ejecutar la obra del tendido eléctrico en territorio argentino y que son propiedad de connotados empresarios recientemente fichados en el masismo comunitario, tan sólo por el interés de hacer negocios al mejor estilo capitalista, recibiendo precios y pagando comisiones.
Otra arista menos extraña de esta negociación es que en julio de 2015 el presidente cocalero suscribió un convenio de suministro de energía eléctrica con el ministro kirchnerista Julio de Vido, hoy condenado por actos evidentes de corrupción extrema y grosera, además de delitos de administración fraudulenta de la cosa pública en Argentina. Este hombre está en la cárcel por direccionar la contratación de empresas en determinadas obras y pagar sobreprecios, sin siquiera mencionar las astronómicas cantidades de dinero desviadas desde bolsillos privados bajo el concepto de sobornos a servidores públicos. En estos temas sí que los kirchneristas y los masistas tienen sintonía total, especialmente en la protección oficial y bilateral para el tránsito de la cocaína boliviana desde el Chapare hasta Tierra de Fuego. Asunto probado.
Mis lectores tendrán que coincidir conmigo que estas acciones corruptas son moneda común entre los servidores azules desde hace más de 13 años. Aquí viene lo extraño. Una vez que los kircheristas fueron desalojados del poder el proyecto de electrificación fue suspendido desde diciembre de 2015, pero el actual presidente argentino Macri, antikirchnerista él, parece que no sólo ha reactivado ese proyecto, sino que está enamorando al jefe indio del sur con baratijas. Algo se trae Macri y eso me da mala espina. Ojalá no tenga nada que ver con la cocaína del Chapare y que sus intenciones sólo sean para traficar electricidad.