El NIT y el futuro del país

En enero de 2005 se entonará la marcha fúnebre para el Registro Unico de Contribuyentes, que durante 28 años causó más daño al fisco que todos los funcionarios corruptos reunidos en toda la vida republicana. Antes de la aprobación del nuevo Código Tributario Boliviano desde esta columna habíamos afirmado que el verdadero problema que ocasionó el hundimiento y el colapso fiscal del registro tributario para las personas naturales, fue que el RUC se mostró absolutamente vulnerable ante los apañados defraudadores que obtuvieron varios registros con la misma cédula de identidad (CI), o varios registros para una persona con varias «identidades».  Otro factor que provocó el desmoronamiento del RUC fue la ausencia de capacidad técnica en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para evitar la utilización fraudulenta de domicilios falsos e inexistentes, los cuales “están documentados” en la CI.

Ante el fracaso del RUC y en agosto de 2003, el Ministerio de Hacienda propuso al Poder Legislativo la creación del Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC) a través de la Ley 2492.  El principal instrumento de control del PNC será el Número de Identificación Tributaria (NIT) que deberá ser asignado a las personas naturales con el mismo número de su CI más algunos dígitos codificadores.  A partir de enero de 2005 será este número de identificación que se utilice en todas las transacciones civiles y comerciales, las prestaciones de servicios y la realización de obras, lo cual, por lo menos en el leal saber de los entendidos, incrementará notablemente las recaudaciones en el primer semestre del próximo año y mejor aún en el segundo semestre en el que entrará en vigencia el nuevo sistema de facturación.

Creemos que el NIT fue una acertada idea.  El incremento en las recaudaciones generará un beneficio exponencial, tanto para el fisco como para la colectividad de los contribuyentes.  Mejor aún si por el Viceministerio de Política Tributaria se ven los humos blancos que pregonan la inevitable llegada del impuesto a la renta de las personas naturales, con el fin de incrementar los recursos públicos para enfrentar el déficit fiscal, que muestra su horrorosa cabeza en los primeros noventa días de cada año nuevo.

Antes de que naciera el NIT, ya habíamos advertido que la aniquilación de cualquier registro de personas en Bolivia, era un hecho si se fundaba simplemente en la entrega de una fotocopia de la CI por parte de los interesados. Si esto sigue así el destino del NIT será el mismo que soportó el RUC.  Si la Policía, a través de la CI, certifica y jura que un determinado domicilio pertenece a una persona, el SIN confirma y ratifica que ese domicilio y esa persona no existen, simplemente por la abrumadora falsedad que se practica a la hora de certificar datos en la Policía.

Las actividades netamente ciudadanas y civiles, como la identificación personal, deben estar desvinculadas de las instituciones policiales o militares, que deben prestar servicios de otra índole, siempre relacionados con el orden público y la seguridad interna. Por eso, el Estado tiene el perentorio deber de ejecutar esa desvinculación. Lo que estamos tratando de indicar es que la Policía Nacional debe dejar, exclusivamente, en manos de la Corte Nacional Electoral la labor de identificación personal. Se debería rescatar el espíritu de la Ley 1864 que creó el Registro de Identificación Nacional como entidad pública descentralizada, cuyo objeto era «disponer de un sistema de identificación personal y proporcionar un documento de identificación único, seguro y confiable a toda la población nacional» (sic). Esta fue la mejor receta para salvar a los registros de personas en el país; y el NIT parace, en este sentido, asegurar el futuro del país,.

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