No podía preverse peor resultado. La Federación de Empresarios de Santa Cruz, la de Tarija y la Cámara de Hidrocarburos, entre otras, han decidido alejarse de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ente matriz y concentrador de los patronos legalmente establecidos. El argumento: la CEPB no refleja el sentir mayoritario de la dirigencia empresarial y adopta posiciones arbitrarias e inconsultas respecto de los miles de empresarios que cobija. Más, negocia por su lado y hace que las divergencias se profundicen por la actitud desacertada de sus dirigentes. Los aludidos de la CEPB, en especial Carlos Calvo, dicen que estas manifestaciones divisionistas son brotes preocupantes de regionalismo. El Gobierno al margen. Bien, gracias.
Los privados han ingresado en un proceso serio de contradicciones internas, y debido a un mal cálculo de probabilidades, más la profundización de la crisis, la CEPB se cae en pedazos. El presidente sucesor de este gremio tiene la misión de proponer alternativas válidas de reconcentración de los empresarios bolivianos en torno a nuevos paradigmas, nuevos fines. Nuevas formas de negociar es lo que necesita el sector. Porque lo que ocurrió un día antes del mensaje presidencial, el sábado 30 de enero p.p., fue desastroso. El Presidente Mesa convocó a los líderes empresariales de Bolivia para presentarles el proyecto de su plan de gobierno. Lo que en un principio se mostraba como una propuesta, hábilmente manejada, termino siendo un mal negocio para el sector privado formal. El toma y daca fue inmediato. Más impuestos por un escuálido programa de salvataje de empresas en quiebra.
La CEPB se entregó enterita y de forma inconsulta a las fauces del confiscador estatal. Y no es la primera vez. En el último congreso extraordinario de los empresarios de octubre de 2003, ocurrió algo parecido respecto del nuevo Código Tributario.
En la división de los líderes empresariales no convive el regionalismo. El IPN y el ITF son el cociente exacto en esta operación aritmética de división. Si los fanáticos del gobierno quieren pagar estos confiscatorios impuestos, tienen que demostrar (por ética) lo que recibirán a cambio. La mayoría de los bolivianos ya no quieren seguir pagando más impuestos, si lo único que reciben a cambio es cada vez menos. Menos de todo.
El negocio está cerrado. El Gobierno con una mano pondrá 50 millones de dólares sobre la mesa para salvar a más o menos 20 empresarios quebrados; y con la otra mano, más el IPN y el ITF, le quitará a los bolivianos un dinero para pagar la farra de octubre. Esta es una confiscación desmedida y abusiva.
Lo cierto es que Carlos Calvo y sus cortesanos fueron descubiertos in fraganti y justo en el momento de su entrega deshonesta. Ahora este error se trata de tapar, insulsamente, con una porción de regionalismo. Insistimos: no existe regionalismo. Existió un negocio mal hecho por los representantes en detrimento de los representados. Si treinta monedas sirvieran para ponerle precio a esta trampa. Lo que no tiene valor es el hecho de provocar división para sacar provecho.
Debemos tener en claro que el poder de imperio a la hora de crear tributos, se refleja en un acto de exacción a la riqueza de las personas naturales para incrementar la riqueza del poderoso. En el caso de Bolivia, el poderoso no se hará más rico y la riqueza que extraerá de sus ciudadanos para nada servirá.
Según los casos y por conveniencia, los líderes empresariales se han acercado o alejado desproporcionadamente del Gobierno, dejando libre el medio. Desde octubre de 2003, estamos muy divididos. Todos, absolutamente todos. Ahora, que venga lo peor.