En días pasados el Presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Sr. Fernando Quiroga Salamanca, ha desempolvado una de sus propuestas para solucionar los problemas originados o culminados con el pasado octubre (negro para unos y rojo para otros). Es el argumento del pacto fiscal y social, que consiste en que todos los ciudadanos bolivianos y residentes en este país se propongan, dependiendo de su capacidad contributiva, tributar para el sostenimiento del Estado, institución que es garante de la actividad económica donde todos y cada uno de los bolivianos busca la prosperidad, individual y colectiva. En ese contexto, sabemos que la economía boliviana necesita del apoyo de todos, pero de todos los bolivianos.
Este es un buen propósito que necesita la mayor atención por la oportunidad del planteamiento y por el efecto aglutinador del deseo.
En este último tiempo se ha descubierto la actitud inmediatista del gabinete económico del Gobierno que ha presentado los proyectos tributarios con una timidez impropia. Estos proyectos de impuestos, primero al patrimonio neto, después el de las transacciones financieras, y para terminar el impuesto complementario a la propiedad de bienes, fueron insolentemente rebatidos por los entendidos y los afectados que se posaron en la otra vereda. Me cuesta entender que los intereses que persiguen los sectores involucrados son absolutamente avaros y egoístas. Nadie quiere pagar más impuestos de los que ya paga, y los que nunca pagaron quieren mantener su estática tributaria sin cambio alguno. De ese modo no se obtendrá ningún beneficio. Es hora de bajar la banderas, silenciar los cañones y comenzar a identificar los principales puntos de discrepancia para pactar.
El Gobierno esta conciente que esta situación enfrenta a dos sectores que, por distintos motivos, están separados o se ven poco, pero en sus corazones guardan una profunda unión que puede vencer todas las limitaciones, con una gran dosis de voluntad, obviamente. Me refiero a los que apenas generan el 0,1 % de todos los tributos recaudados en el país, es decir los comerciantes minoristas, vivanderos, artesanos, transportistas y agropecuarios de todos los puntos cardinales del país, que ahora están librando una guerra silenciosa y disimulada con el sector formal del empresariado boliviano, que paga todos los impuestos y genera el 70% de la recaudación nacional. Esta guerra secreta y desequilibrada ha salpicado y magullado seriamente al Gobierno, al punto de dejarlo al borde del derrocamiento, y que también ha derivado en una división evidente del empresariado legalmente establecido. Pactar ahora, no solamente es urgente e importante, sino vital.
El pacto fiscal es loable y favorable. Me adelanto en asegurar que no habrá problema alguno si los formales y los informales ingresan en un proceso de “re-unión” en torno a la problemática económica que vive este pobre país, siempre con el fin de contratar y definir los aportes económicos en tributos que deben ofrecer, sin condiciones ni chantajes, todas las personas naturales y jurídicas.
La mejor solución para los problemas que enfrenta el Gobierno, como efecto de las últimas propuestas tributarias, es promover desde las altas esferas estatales una unión entre personas que tienen los mismos objetivos para poder actuar de manera más productiva y exitosa. Así el pacto fiscal se constituye en el medio.
Pero hay que advertir que esos intereses no deben ser de carácter egoísta, y ante todo miren por el bien de todos. En todo caso, el único objetivo urgente en incrementar la recaudación para cubrir el déficit, porque uno de los desastres actuales depende del otro. Además es momento de actuar con honradez y trabajar duro por lo que se quiere conseguir. Si el Gobierno actúa adecuadamente no tiene de qué preocuparse, será totalmente recompensado. En cambio, el Presidente Quiroga Salamanca debe dejar cualquier otra misión inútil y concentrarse en esta propuesta. Puede ganar mucho.